La senadora santafesina fue denunciada ante la justicia federal por un grupo de referentes en derechos humanos. La acusan de apología del crimen y otras figuras penales.
La senadora santafesina Carolina Losada fue denunciada penalmente por su proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes. La denuncia fue presentada ante la justicia federal por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel, y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos, entre otras personalidades.
Los denunciantes acusan a Losada de llevar adelante un plan de coacción e intimidación contra profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlos de atender a víctimas de abusos sexuales. Además, sostienen que el proyecto se apoya en un fenómeno sin sustento estadístico. Entre los delitos imputados figuran coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
Un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que relevó 8.254.672 casos penales en 17 provincias entre 2023 y 2025, indica que las falsas denuncias representan solo el 0,09% del total, es decir, una cada 1.098 causas. El falso testimonio alcanza el 0,025%. Según el informe, no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal. Además, el 86% de las falsas denuncias corresponden a conflictos patrimoniales, vecinales o laborales, y solo el 8% al ámbito de violencia de género o intrafamiliar.
El proyecto de Losada no crea un nuevo delito, sino que endurece las penas existentes para denuncia falsa (artículo 245 del Código Penal) y falso testimonio (artículo 275). En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, la pena pasaría de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años, volviendo el delito no excarcelable. Para falso testimonio, la pena subiría de 1 mes a 4 años a una de 3 a 8 años.
Quienes cuestionan el proyecto advierten que no hay estadísticas que respalden una emergencia de denuncias falsas en violencia de género, y que endurecer las penas podría inhibir a las víctimas de denunciar.