Docentes y expertos de la Universidad Nacional de Rosario criticaron el proyecto oficial y reclamaron la plena aplicación de la normativa vigente, señalando que la falta de financiamiento es el principal problema.
La reforma de la ley nacional de salud mental que el gobierno nacional propuso en el Congreso generó un amplio debate en Rosario. Especialistas y docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) trazaron un panorama sobre la precariedad de los dispositivos y los índices preocupantes de suicidios y violencia, como consecuencia de lo que consideran una realidad que enferma y un Estado ausente en políticas públicas.
El Ejecutivo nacional presentó un proyecto que modifica el concepto de «padecimiento mental» por «trastorno mental», fortalece el rol del psiquiatra en las internaciones, habilita instituciones monovalentes (conocidas como manicomios) y revisa los criterios de «internación involuntaria».
Ignacio Saenz, director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la UNR, afirmó que «la ley vigente no es el problema. Por el contrario, constituye una de las normativas más avanzadas en salud mental en la región, al haber consolidado un enfoque basado en derechos humanos, interdisciplina y atención comunitaria». Saenz subrayó que el sistema de salud mental no alcanzó el piso presupuestario del 10% del total de salud establecido por la ley, lo que impacta en el desarrollo de dispositivos comunitarios y la accesibilidad a la atención.
El especialista señaló que quince provincias argentinas respaldan la ley vigente y advierten que la reforma no aborda el problema central del sistema, como el financiamiento y la falta de recursos humanos. Paula Sagué, psicóloga y docente de la UNR, alertó que el proyecto «facilita la internación y debilita las garantías», y que la exigencia de incorporar psiquiatras de manera obligatoria altera el equilibrio interdisciplinario.
Los especialistas coincidieron en que la crisis de salud mental actual requiere inversión y un sistema que funcione, no un cambio de paradigma que, según advierten, podría vulnerar derechos.