La Justicia extendió por diez días más el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida la dispuso el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi y tiene como objetivo resguardar la confidencialidad de la investigación tras la difusión de los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
El secreto de sumario se decretó apenas se abrió la causa. Por este motivo, ninguno de los imputados tiene acceso al expediente.
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En tanto, Casanello tiene pendientes de resolución dos planteos presentados Emmanuel y Jonathan Kovalivker, los dueños de la droguería Suizo Argentina, sobre la eventual nulidad de la causa por la “cosa juzgada”. Según aseguraron los hermanos, ya fueron investigados por administración fraudulenta en otra causa que fue archivada en febrero de 2025.
Además, los titulares de Suizo Argentina presentaron un escrito ante la Justicia solicitando la “nulidad absoluta” de la causa. Los empresarios denunciaron que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y adulteradas, y calificaron la investigación como una verdadera “caza de brujas” que afecta tanto su reputación como la operación de la empresa.
El abogado de los hermanosKovalivker y de su padre, Eduardo Kovalivker, Martín Magram, sostuvo que la investigación vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, provocando un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problemas legales y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.
Mientras avanza la investigación, la semana pasada se llevaron a cabo una serie de allanamientos en simultáneo en todas las sedes de la ANDIS así como también en la droguería, la cual fue señalada por Spagnuolo como una de las empresas que pagaban sobornos.
Por otro lado, el lunes, Casanello dictó el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por su obstrucción a los allanamientos que se realizaron en el barrio.
De Vicentis quedó procesado por los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento, al considerar que no colaboró con las fuerzas de seguridad.
Para el juez, en Nordelta, existe “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”
El magistrado aseguró que en el barrio hubo un “procedimiento obstructivo cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa”. De Vicentis argumentó al prestar declaración indagatoria que “estaba de vacaciones” cuando se presentó la Policía de la Ciudad en uno de los allanamientos en Nordelta.
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