El gobierno nacional presiona al juez a cargo de la causa del fentanilo contaminado, Ernesto Kreplak, y busca controlar la investigación de la crisis sanitaria que ya generó casi cien muertos, en lo que fuentes del sector denuncian que es la misma estrategia de defensa que ya utilizó Julio de Vido en la causa por la tragedia de Once.
Fuentes de la causa consultadas por LPO indicaron que la Casa Rosada y el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, están presionando al juez Kreplak con el rol de su hermano Nicolás, ministro de Salud bonaerense. Lo hace a través de su rol como querellante, que el magistrado aceptó el mes pasado.
La última maniobra fue hacer trascender que el juez será recusado por su vínculo con el ministro de Salud bonaerense. El argumento es que el laboratorio HLB Pharma, que producía el fentanilo contaminado, es proveedor del gobierno provincial.
En rigor, es la Anmat, que depende de Lugones, la que tiene la responsabilidad de controlar la calidad de los medicamentos. Los ministros de salud le compran a droguerías que compiten por precio, no compran directo a los laboratorios. Es el mismo caso en Rosario, otro foco de infecciones.
El documento que revela que Rosario detectó el fentanilo contaminado en febrero y la Anmat no hizo nada hasta mayo
Familiares de las víctimas creen que el gobierno está repitiendo la estrategia de De Vido, que como querellante buscó controlar la causa de Once. Pera la estrategia no funcionó: De Vido terminó condenado.
Fuentes de un gobierno provincial explicaron a LPO que la amenaza de la Rosada contra el Kreplak ministro carece de fundamentos porque las provincias y municipios compran medicamentos que están habilitados por la Anmat. Ni las provincias ni los municipios tienen la tecnología ni el poder para habilitar una droga, explicaron.
Familiares de las víctimas creen que el gobierno está repitiendo la estrategia de De Vido, que como querellante buscó controlar la causa de Once. Pera la estrategia no funcionó: De Vido terminó condenado.
Las fuentes indicaron que la responsabilidad de los funcionarios provinciales o municipales es evitar irregularidades en la compra, pero no pueden determinar la calidad del medicamento en este caso. Sí tienen responsabilidad en emitir alertas ante casos sospechosos, como sucedió con el fentanilo.
Es por eso que la principal responsabilidad en la crisis del fentanilo parece apuntar a la Anmat y Salud. Como reveló LPO, ya en febrero se detectaron en Rosario las primeras víctimas pero recién en mayo la Anmat lanzó la primera alerta. «Esta demora de tres meses frente al fenómeno crítico muestra lo que entendemos como un serio fallido de la Anmat», dijo a este medio un funcionario de Rosario.
Además, la periodista Camila Dolabjian reveló que la Anmat hizo inspecciones en el laboratorio Ramallo entre los días 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 y detectó deficiencias críticas. Pese a eso no se clausuró y semanas después comenzó la producción de los lotes contaminados. Recién tres meses después se frenó la producción.
Ante esto hay sectores que le están recomendando al juez Kreplak que deje de lado la parsimonia que cuestionan los familiares de las víctimas y avance con el llamando a indagatoria de los responsables del laboratorio, pero también a los funcionarios de la Anmat y el Ministerio de Salud que debieron controlar la circulación del fentanilo contaminado.