La Justicia Federal de Rosario dictó prisión preventiva para un hombre acusado de captar jóvenes a través de redes sociales, filmar encuentros sexuales y comercializar el material de manera global, vulnerando sus promesas a las víctimas.
Un hombre de 30 años, identificado con las iniciales GGN, fue imputado por la Justicia Federal de Rosario y se le dictó prisión preventiva por 90 días. Está acusado de desarrollar un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales, en un caso investigado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Fiscalía local con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Según la investigación, el imputado habría captado a mujeres jóvenes, en su mayoría de entre 18 y 20 años y de distintas provincias, a través de redes sociales como Instagram. Les ofrecía dinero a cambio de grabar videos de contenido sexual con la promesa de que el material solo se difundiría en el extranjero. Sin embargo, la fiscalía verificó que los contenidos eran comercializados en una plataforma sin restricción territorial, por lo que podían verse también en Argentina.
El acusado coordinaba encuentros en hoteles o departamentos temporarios en provincias como Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones, donde realizaba las filmaciones. Luego se encargaba de la edición, promoción y comercialización del material en plataformas digitales.
GGN estaba formalmente imputado desde julio de 2024 por los casos de tres víctimas y quedó en libertad bajo una caución. No obstante, la investigación continuó y se detectó que habría seguido operando con nuevos perfiles, identificándose a otras cinco víctimas. Ante estos nuevos hechos, fue detenido el 25 de marzo y la fiscalía solicitó su prisión preventiva, que fue concedida por el juez federal Carlos Vera Barros.
El imputado enfrenta cargos por ocho hechos de «trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de captación y acogimiento», agravados, y también se lo investiga por promoción y facilitación de la prostitución ajena. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima a la línea 145 del Ministerio de Justicia de la Nación.