Un operativo policial se desplegó en las inmediaciones de la casa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras docentes y estudiantes de la UBA realizaban clases públicas en la calle, en el marco de reclamos universitarios y en un contexto de cuestionamientos patrimoniales al funcionario.
Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad se mantiene en las inmediaciones del domicilio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio de Caballito. La medida de seguridad coincide con la realización de clases públicas organizadas por docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se instalaron con sillas y bancos en la esquina de Miró y Bonifacio.
La actividad, convocada principalmente para este martes, comenzó el lunes y es impulsada por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) junto a gremios como la AGD-UBA. Los manifestantes llevan adelante charlas bajo consignas como «En defensa de la universidad pública» y reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El cronograma de las clases incluye debates sobre extractivismo, la Ley de Glaciares, macroeconomía y la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado. Esta medida se da en el marco de un paro docente nacional impulsado por federaciones universitarias y del conflicto por la implementación de la ley 27.795, sancionada en 2025.
Desde la PFA confirmaron que el operativo de seguridad permanecerá activo hasta que finalice la actividad. Los organizadores de la protesta, como Luca Bonfante del CEFyL, calificaron el despliegue policial como «excesivo» y «desmedido».
La protesta universitaria se desarrolla en un contexto donde también se discute la situación patrimonial del funcionario. Recientemente, Adorni reconoció ser copropietario de un departamento en Caballito que no figuraba en su declaración jurada inicial, un inmueble que había sido publicado en 2024 por un valor cercano a los 340 mil dólares. El jefe de Gabinete enfrenta además una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito, que analiza propiedades no declaradas y movimientos financieros.
El conflicto universitario se profundiza con datos como los más de 1.000 docentes que habrían renunciado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), según informaron las federaciones, lo que encendió alertas sobre el funcionamiento del sistema a corto plazo.