En Uruguay, los ex guerrilleros autodenominados ex «presos políticos» pueden acceder a una Pensión Especial Reparatoria bajo la Ley 18.033 de 2006, gestionada por el Banco de Previsión Social (BPS).
Esta prestación «indemnizatoria» está destinada a quienes en la década de 1960 y hasta 1972 atentaron contra la democracia, la libertad, y los Derechos Humanos.
Los guerrilleros que mataron, robaron, torturaron, secuestraron, y agredieron a la democracia uruguaya entre 1962 y 1973 son privilegiados.
Muchos fueron integrantes de la banda terrorista Tupamaros, pero otros integraron otros grupos como el MRO (Movimiento Revolucionario Oriental), el Partido Comunista, el Partido Socialista, o el PVP (Partido por la Victoria del Pueblo).
Privilegios con dinero de todos
El privilegio lo cobran quienes entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, estuvieron privados de libertad.
Se trata de miles de personas que en su momento atentaron contra la democracia uruguaya con suma violencia.
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Varios de ellos han fallecido por causas naturales a lo largo de los años, sin embargo el Estado uruguayo con los impuestos que pagan los contribuyentes, ha destinado millones de dólares a pagarles a sujetos.
Fueron guerrilleros ultra violentos que mataron, secuestraron, torturaron, y pusieron bombas en nombre de la «revolución socialista«.
¿Cómo se financia este privilegio?
Vale recordar que el IVA (Impuesto al Valor Agregado), que en Uruguay es uno de los más altos del mundo, en parte se utiliza para financiar al BPS.
De esta forma cualquier compraventa que se realiza en el país sirve para financiar al BPS, y de esta forma financiar estos privilegios injustos que paga toda la población.
Uruguay sufrió desde 1963 y hasta 1972 un terrorismo subversivo demencial, con asesinatos, torturas, secuestros, rapiñas, robos y bombas. Los guerrilleros querían tirar abajo la democracia para imponer una dictadura totalitaria al estilo cubano.
Fundamentalmente a manos del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, que fue integrado, entre muchos otros, por José Mujica y Lucía Topolansky.
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Algunos de los terroristas tupamaros fueron detenidos entre 1973 y 1985.
Cuando recobraron la libertad tramitaron pensiones de privilegio que hasta el día de hoy siguen pagando los contribuyentes uruguayos con sus impuestos.
Pensiones de privilegio
Equivale a 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC). Según los datos disponibles para 2025, esto corresponde a $52.504 mensuales al valor de agosto de 2025.
En caso de fallecimiento del beneficiario, la pensión es transferida al cónyuge, concubino (reconocido según la Ley 18.246), hijos menores o hijos mayores declarados incapaces.
Cómo se aprecia, esta pensión privilegiada de $52.504 es muy superior al salario mínimo nacional que cobran muchos trabajadores en el país.
Quienes se autodenominan ex «presos políticos» son privilegiados. Fueron facinerosos que atentaron contra la democracia, la libertad, y los Derechos Humanos y cobran dinero de todos los uruguayos.
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De esta forma, cuando el ex subversivo muere sus herederos continúan cobrando, y todo se paga con los impuestos de los contribuyentes.
El país tiene millones de carencias, y el actual gobierno le pone impuestos a las compras por Temu, pero miles de ex terroristas y sus familiares que atentaron contra la democracia hace más de 50 años siguen cobrando pensiones de privilegios.