La crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos fue uno de los temas más controversiales en la política norteamericana en las últimas décadas. Mientras la administración de Biden intenta implementar políticas más humanitarias, el expresidente Donald Trump dejó en claro que su enfoque será radicalmente diferente cuando regrese a la Casa Blanca.
Uno de los principales objetivos de la administración Trump en su segundo mandato sería profundizar sus esfuerzos para frenar la inmigración ilegal. Según sus aliados, los albergues en la frontera sur, que brindan refugio y apoyo a miles de migrantes, se convirtieron en un imán para los indocumentados.
Estos albergues, a menudo gestionados por organizaciones sin fines de lucro, fueron fundamentales para ayudar a los migrantes a encontrar alojamiento temporal, comida y recursos básicos mientras buscan una manera de continuar su viaje en los Estados Unidos.
Sin embargo, para muchos republicanos, especialmente en Texas, estas organizaciones son vistas como cómplices en la facilitación de cruces fronterizos ilegales.
En particular, Trump reiteró su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas, y en su planificación, se contempla el uso de la Guardia Nacional para arrestar a los migrantes.
Además, se habla de la instalación de barreras flotantes en los cuerpos de agua que separan a México de Estados Unidos, lo que sumaría una capa adicional de control en su política migratoria.
Tom Homan, uno de los principales asesores en materia de inmigración de Trump, según Associated Press, indicó que la administración planea revisar el papel de las organizaciones no gubernamentales en la crisis migratoria. Desde su perspectiva, estas entidades pueden ser las facilitadoras el ingreso ilegal de migrantes, lo que generó una gran preocupación entre las comunidades fronterizas y los defensores de los derechos humanos.
El gobierno de Texas fue uno de los más vocales en sus críticas a estas organizaciones que operan en la frontera. Desde 2022, el gobernador republicano Greg Abbott acusó a varios albergues de fomentar la inmigración ilegal, una afirmación que, hasta la fecha, no fue respaldada por pruebas sólidas, según sostuvieron desde AP.
En respuesta, organizaciones como Catholic Charities of the Río Grande Valley, que opera uno de los albergues más grandes en McAllen, enfrentó investigaciones por parte de las autoridades estatales.
Además de las investigaciones estatales, varios casos relacionados con estos albergues siguen siendo apelados en los tribunales. Los defensores de los derechos humanos, como Rochelle Garza, de la Texas Civil Rights Project, advirtieron que estos ataques a las organizaciones no solo violan los derechos civiles de los migrantes, sino que también podrían colapsar los esfuerzos humanitarios esenciales en la frontera sur.
A pesar de la creciente presión y las investigaciones, los defensores de los derechos de los migrantes insisten en que las organizaciones no facilitan la inmigración ilegal, sino que responden a una crisis humanitaria sin precedentes.
En McAllen, Texas, por ejemplo, la organización Catholic Charities fue esencial para proporcionar refugio a miles de migrantes. En 2024, casi 50.000 personas pasaron por su albergue, donde no solo reciben comida y alojamiento, sino también asesoría legal y orientación para continuar su viaje hacia el norte del país.