La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha acusado a las autoridades de Venezuela de emprender «prácticas de terrorismo» con el objetivo de «sembrar miedo y ejercer control sobre la población», después de que la líder opositora María Corina Machado confirmase su detención y posterior liberación tras finalizar una manifestación celebrada este jueves cerca de Caracas en las horas previas a la investidura presidencial.
«La CIDH condena las persistentes prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela y recuerda que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares», ha señalado en un comunicado.
El organismo, con sede en Costa Rica, ha denunciado asimismo el «continuo uso» de estos actos «de terrorismo» por parte de las autoridades venezolanas, a quienes acusa de pretender «sembrar miedo y ejercer control sobre la población» de cara a la investidura presidencial de este viernes en la que se espera que Nicolás Maduro tome posesión del cargo por segunda vez.
«(La CIDH) insta al régimen a cesar de manera inmediata la persecución contra personas opositoras, defensoras de Derechos Humanos y periodistas, así como a liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas por motivos políticos en el país», reza la nota, aludiendo a la veintena de «víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas» desde principios de esta semana.
Entre estas personas se encuentran el excandidato presidencial Enrique Márquez y Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González, a los que el Gobierno de Venezuela ha acusado de haber organizado una supuesta ceremonia de investidura de este último como presidente del país, en un evento paralelo a la toma de posesión en Caracas de Maduro.
La comisión considera que estas detenciones y desapariciones forzadas «reflejan una nueva ola del patrón represivo» de las autoridades venezolanas en respuesta a las manifestaciones convocadas por la oposición a la investidura presidencial del líder chavista, una celebración que ha calificado de «ilegítima».
«Estas acciones fueron ejecutadas por individuos encapuchados, sin identificación visible, que se desplazaban en vehículos sin placas. Las autoridades han rehusado proporcionar información sobre las personas detenidas, incumpliendo sus obligaciones internacionales, a pesar de los esfuerzos de los familiares por obtener respuestas», ha denunciado.
«La Comisión urge a las autoridades a informar sobre el paradero de las personas detenidas arbitrariamente, a garantizar su vida e integridad personal, y a liberarlas inmediatamente», ha declarado la CIDH, al tiempo que ha pedido que se abstengan de «reprimir» a los manifestantes, «asegurando que medios de comunicación y la ciudadanía puedan documentar y registrar los eventos sin restricciones».