El proyecto que busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia avanza en Diputados, pero genera preocupación por su posible impacto en la Justicia penal y la falta de recursos municipales.
El proyecto anti trapitos, que ya cuenta con media sanción en el Senado, se encuentra ahora en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La iniciativa propone la prohibición de la actividad de cuidacoches en todo el territorio provincial, estableciendo la adhesión de los municipios como paso fundamental para su aplicación, y contempla tareas comunitarias, penas de arresto y alternativas de reinserción laboral.
En la comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja, su titular, Martín Rosúa, subrayó la necesidad de aprobar una «legislación responsable y aplicable» y advirtió que aún resta definir qué organismo se encargará del juzgamiento de las contravenciones. «Cargarle el trabajo a la Justicia penal podría empeorar la situación», señaló el legislador.
El expediente, que llegó del Senado, fue derivado a tres comisiones para su dictamen y posibles correcciones. El miércoles pasado, la comisión de Seguridad Pública recibió a representantes de ocho municipios, entre ellos Rosario, Rafaela y Santa Fe, con la presencia de intendentes y secretarios de Control. Tras más de dos horas de exposiciones, prevaleció el pedido de introducir cambios al proyecto para regular y reducir la actividad de los trapitos.
En las próximas semanas se prevé la convocatoria de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y miembros del Ejecutivo provincial. El expediente aún no tiene fecha para ser tratado en el recinto.
Entre las preocupaciones expresadas por los funcionarios de la capital provincial, se destaca la dificultad de asumir las acciones punitivas. Cuestionaron el artículo 4, que impone la adhesión a la futura norma y designa al ámbito municipal como autoridad para afrontar las contravenciones, lo que requeriría más presupuesto y nuevas designaciones.
Otro punto en debate es la posible saturación del fuero penal. Rosúa explicó: «Los principales centros urbanos están a favor de la prohibición y reclaman una norma provincial para tener apoyo jurídico. Pero existe un tema técnico: cómo la actividad de cuidacoches pasa a ser una contravención cuando en muchas ciudades no existen juzgados de faltas provinciales, y el accionar recaería en la Justicia penal, que ya está colapsada con 600 causas con juicios orales pendientes».
El diputado también se hizo eco del reclamo de los municipios por la falta de equipos de abogados y procuradores. «Se puede resolver en un periodo corto de tiempo, pero lo otro es resolver quién dirige y determina las acciones a juzgar. Ahí hay un embudo: no hay jueces de faltas ni comunitarios en las ciudades, y todo recaería sobre jueces penales de primera instancia», agregó.
El tratamiento en Diputados requerirá precisiones, ya que distintas problemáticas (trapitos que extorsionan, cuidacoches aceptados por vecinos, barrabravas que lucran en eventos, cooperativas a beneficio de hospitales) se legislarían bajo una misma prohibición. «Está claro que se llegó a un nivel casi insoportable para la sociedad. Sería una injusticia abordarlo genéricamente cuando hay problemas distintos. Hay que resolver cómo ponerlo en marcha sin generar recursos extra, sin complicar a la Justicia y sin atacar la vulnerabilidad de personas que necesitan ser capacitadas laboralmente», resumió Rosúa, quien se mostró confiado en avanzar en una legislación.
Por su parte, Lionella Cattalini indicó que existen realidades distintas en las diversas localidades y normativas diferentes. «Todos pidieron cambios por la capacidad de accionar o no ante una falta cometida. Esta ley tiene que ser responsable y aplicable», concluyó.