En el marco del conflicto por el presupuesto educativo, Franco Bartolacci respondió a la intimación del Ministerio de Capital Humano y exigió el cumplimiento de la ley de financiamiento.
En medio del prolongado conflicto por el financiamiento de la educación pública en el país, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, le respondió a la Nación tras la intimación enviada por el Ministerio de Capital Humano, que exige a las facultades garantizar el dictado de clases durante los días de paro. El también titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calificó el requerimiento como una provocación, le exigió al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiamiento confirmada por el Congreso y detalló la crítica situación salarial que atraviesan los trabajadores del sector.
La polémica se encendió luego de que la Subsecretaría de Políticas Universitarias enviara una nota formal a los rectores de todo el territorio nacional pidiendo informes detallados sobre los planes de contingencia para asegurar la regularidad de los estudiantes afectados por las prolongadas huelgas. En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Bartolacci confirmó que responderán formalmente al requerimiento gubernamental, pero no dudó en cuestionar las intenciones de la administración central.
“Le sugiero al gobierno que abandone la provocación sistemática y se aboque a resolver el problema que además es de su responsabilidad, empezando por cumplir la ley que hace más de 180 días que fue aprobada”, expresó el rector. En ese mismo sentido, denunció el desfinanciamiento sostenido que padece el sistema educativo superior en la actualidad: “Las transferencias al sistema universitario del 2023 a la fecha cayeron un 45,6%. Estamos en el punto de inversión más bajo de la historia, el 0,4% del PBI”.
De forma tajante, Bartolacci cuestionó el mecanismo de presión oficial: “Es bastante insólito y algo perverso transferir la mitad de los recursos e intimar a que cuentes si todo está funcionando como si nada hubiese pasado”, sentenció. Frente a las versiones esgrimidas desde la Nación, que indicaban que los docentes que no adherían a las medidas de fuerza gremiales no podían ejercer su labor, el rector de la UNR fue categórico y desmintió tales trabas. Aseguró que los profesores que desean trabajar tienen la libertad absoluta de hacerlo y que se trata de una decisión individual o de cada cátedra.
A su entender, el planteo expuesto por el gobierno “intenta generar un manto de sospecha respecto de lo que sucede en el ámbito universitario” con el único fin de desviar la atención del incumplimiento de la ley de financiamiento, una normativa que, recordó, ya cuenta con un fallo judicial favorable y no compromete fiscalmente al Estado. El titular de la UNR hizo especial hincapié en la urgencia económica que motiva los reclamos semanales de la comunidad académica. Según precisó, el escenario es alarmante: más del 60 por ciento de la docencia en todas las universidades públicas percibe en la actualidad ingresos mensuales inferiores a los 600 mil pesos. El panorama es aún más crítico en los escalafones menores.
“Algo más de 150 mil pesos cobran los docentes en su tramo inicial. Pasa algo similar en el tramo inicial con el personal no docente que está alrededor de los 650 mil pesos por mes”, remarcó Bartolacci, aclarando que no piden privilegios, sino ingresos dignos por la tarea de formar profesionales.