La Cámara Nacional del Trabajo revocó la medida cautelar que suspendía 82 artículos de la reforma laboral, permitiendo que la ley 27.802 vuelva a estar vigente mientras se analiza su constitucionalidad.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el fallo que suspendía 82 artículos de la reforma laboral, por lo que la ley 27.802 impulsada por el gobierno vuelve a tener plena vigencia. La medida cautelar dictada por el juez nacional Raúl Ojeda queda sin efecto, mientras continúa el análisis de fondo sobre su constitucionalidad.
El presidente Javier Milei celebró la revocación de la cautelar y aseguró que “no podrán detener el crecimiento que se viene para el país”. A través de sus redes sociales, el jefe del Estado manifestó que la normativa sancionada el 27 de febrero pasado “sigue vigente”.
La decisión implica un cambio sustancial en el escenario legal que rodea a la denominada “ley de modernización laboral”. Hasta ahora, la norma se encontraba parcialmente paralizada por un fallo de primera instancia que, a pedido de la CGT, había suspendido un conjunto amplio de disposiciones por considerar que podían generar perjuicios irreparables en derechos laborales.
Con esta resolución, los camaristas modificaron el carácter del recurso presentado por el gobierno: al pasar de efecto devolutivo a suspensivo, la apelación permite que la ley recupere plena operatividad sin necesidad de esperar una sentencia definitiva. En la práctica, eso habilita la implementación de todos los puntos de la reforma mientras el proceso judicial sigue su curso.
El tribunal fundamentó su decisión en la presunción de validez de las leyes sancionadas por el Congreso y en la ausencia de circunstancias excepcionales que justifiquen mantener suspendida su aplicación. En ese marco, priorizó la vigencia de la norma hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La reforma laboral fue aprobada en medio de un fuerte debate político y social, con el argumento oficial de que busca dinamizar el mercado de trabajo y reducir la informalidad. Entre otros puntos, introduce cambios en el régimen de indemnizaciones, modalidades de contratación y funcionamiento sindical, aspectos que quedaron en el centro de la disputa judicial.
En la CGT, que impulsó la cautelar original, anticiparon que continuarán la batalla legal al sostener que la norma vulnera derechos protegidos por la Constitución, en particular los vinculados a la estabilidad laboral y la organización sindical. Así, el conflicto por la reforma laboral entra en una nueva etapa: con la ley nuevamente en vigencia, pero bajo revisión judicial, se abre un escenario de incertidumbre donde convivirán su aplicación práctica y la discusión sobre su legalidad.