La decisión elimina la obligatoriedad de estos sistemas en cárceles santafesinas, generando un debate sobre seguridad y protocolos penitenciarios.
Un fallo judicial reciente eliminó la obligatoriedad de utilizar sistemas controlados en las entrevistas entre abogados y presos de alto perfil en cárceles de la provincia de Santa Fe. A partir de ahora, cada profesional podrá decidir si emplea o no este mecanismo, diseñado para evitar que circulen órdenes delictivas o información sensible sin supervisión.
Los internos afectados por esta medida son aquellos condenados por delitos graves, a quienes se les atribuye haber operado desde dentro de los penales, generando episodios de violencia y extorsión en el exterior, particularmente en la ciudad de Rosario.
La medida judicial reabre el debate sobre el equilibrio entre las garantías procesales de los detenidos y las políticas de seguridad implementadas en los últimos años. Desde el gobierno provincial se destacó que el trabajo para recuperar el control dentro de las unidades penitenciarias de máximo perfil requirió una importante inversión en inteligencia y protocolos de seguridad.
Distintos sectores expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se generen «porosidades» en el sistema que permitan la reorganización de actividades delictivas desde las celdas. El fallo, según analistas, plantea una discusión técnica sobre procedimientos, pero también una discusión pública sobre los estándares de seguridad que la sociedad espera.
La seguridad en las cárceles y su impacto en la seguridad pública continúa siendo un tema central en la agenda política y social de Santa Fe.