En una semana de intensa actividad parlamentaria, se aprobó la nueva Ley Orgánica de Municipios, se presentó un proyecto de reforma electoral y se debatieron iniciativas sobre salud mental, mientras representantes de empresas en crisis solicitaron la intervención estatal.
La Legislatura de la provincia de Santa Fe concluyó una semana con una agenda cargada de temas de diversa índole. El hecho más destacado fue la sanción definitiva de la nueva Ley Orgánica de Municipios, que reemplaza normativas vigentes desde 1935 y 1939. El texto, aprobado con 30 votos a favor y 17 en contra en Diputados, y posteriormente convertido en ley por el Senado, reduce el número de concejales de 448 a 360 y unifica el calendario electoral: el 93% de las localidades votará cada cuatro años, mientras que las 25 más grandes mantendrán la renovación por mitades cada dos años. A partir de 2027, desaparece la figura de las comunas y todas las localidades serán municipios. Para las de menor población, se establecen Comisiones Municipales de tres o cinco miembros, según corresponda.
En paralelo, el bloque justicialista del Senado presentó un proyecto de Código Electoral que busca unificar la normativa dispersa. La propuesta defiende las elecciones primarias (PASO), mantiene el sistema de boletas separadas, fija las elecciones generales para el cuarto domingo de junio e incorpora el voto optativo para jóvenes de 16 y 17 años.
Por otro lado, la fiscal general María Cecilia Vranicich expuso ante el Senado su preocupación por los índices de suicidio en la provincia, que con una tasa de 12,7 cada 100 mil habitantes supera el promedio nacional. Vinculó parte de la problemática con el uso de redes sociales entre adolescentes y pidió que el tema sea puesto en agenda legislativa. En respuesta a estas preocupaciones, se avanzó en proyectos como uno de educación emocional integral, que obtuvo media sanción, y otros para crear programas de evaluación y prevención en salud mental.
La semana también tuvo espacio para las crisis laborales. Representantes de las empresas Arlei y Verónica llevaron al recinto sus pedidos de intervención estatal para salvaguardar los puestos de trabajo. Asimismo, el senador Felipe Michlig reclamó por la paralización de 54 viviendas en su departamento.