«Hay familias desesperadas que no encuentran transporte para sus hijos». La confirmación pertenece al titular de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, quien aseguró que desde el inicio de la administración del presidente Javier Milei, la prestación cayó a la mitad por falta de rentabilidad. «Hemos perdido toda esperanza con este gobierno para el sector, incluso hasta los colegas que le confiaron un voto», lamentó en consonancia con otros prestadores y familias, quienes repudiaron el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Bolego consignó, en declaraciones a La Capital, que desde 1997 a 2023, los aranceles que se pagan por kilómetro equivalían al 80 % del costo del litro de gasoil. Ese número quedó en 733 pesos cuando el litro del combustible roza los 1.900 pesos.
Hasta la pandemia y luego de ella, el sector mantenía entre 320 y 350 habilitaciones para transportes especiales adaptados. Sin embargo, esa situación comenzó a complicarse a raíz de la merma de los aranceles que la hasta entonces Andis devolvía a cada transportista por kilómetro y los costos que representaba mantener en condiciones el vehículo.
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Los transportistas de personas con discapacidad durante una de las tantas protestas llevadas a cabo en el Monumento.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Pérdida de esperanza
Bolego admitió que, tras el congelamiento del aranceles y la disolución de la Andis, perdieron «toda la esperanza«. Incluso, la que muchos colegas le habían confiado con su voto al presidente Milei, según reveló.
«Hemos perdido toda esperanza de este gobierno, incluso muchos colegas que sabemos que le confiaron su voto al actual presidente. Tampoco el ministro (de Salud) Mario Lugones ha tenido declaraciones favorables para las personas con discapacidad ni para los prestadores. Ni a lo largo de su historia, ni ahora que ocupa este cargo tan importante», reveló.
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En ese marco, consideró que este cambio de agencia autárquica al rango de secretaría, «es un cambio de paradigma muy profundo. Es una suerte de reduccionismo para mirar la discapacidad del punto de vista sanitario». En ese sentido se refirió a la disolución de la Andis y a la incertidumbre planteada por otras entidades locales.
Cambio de paradigma
El gobierno nacional tendrá que acatar la sentencia de la Justicia Federal de Campana, que dictaminó la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad sancionada en el Congreso y que había sido vetada por Milei.
«El gobierno dice que pondrá en marcha la ley, pero lo hace en base a números y cálculos que no son los verdaderos. Hay una discrepancia considerable entre los números que apuntó el colectivo en discapacidad y los que aduce Nación, con lo cual estamos ante un problema gravísimo porque no se sabe quién podrá brindar servicio durante 2026, ya que el combustible sigue en aumento mientras el gobierno dilata al debate«, concluyó.