La provincia de Santa Fe definió una estrategia clara frente al microtráfico de drogas: concentrar la persecución penal en los puntos de venta asociados a hechos violentos. El lineamiento fue ratificado este viernes en Rosario, durante la presentación de la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, con competencia en todo el territorio provincial.
El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la fiscal general María Cecilia Vranicich, al cumplirse dos años de la entrada en vigencia de la ley 14.239, que habilitó a la Justicia provincial a investigar el comercio minorista de estupefacientes.
No perseguir consumidores
Vranicich explicó que el Ministerio Público de la Acusación adoptó criterios internos para discriminar los casos que llegan al sistema penal. Señaló que no se persiguió a consumidores y que, en situaciones donde la venta no estuvo asociada a violencia, se promovieron salidas alternativas al encarcelamiento.
Según precisó, en esos casos no se abrió legajo fiscal o se avanzó con herramientas como la probation, la suspensión de juicio a prueba o condenas condicionales.
En ese sentido, Franco Carbone, el jefe de la Unidad Especial de Microtráfico, argumentó:»Lo que tratamos de hacer acá es identificar quiénes son estas personas que venden, pero que todavía no están en un círculo de violencia, tal como puede pasar en la mayoría de los otros casos». El objetivo es «detectar, ir a ese foco en particular y llegar a una salida temprana dando oportunidades, porque también lo dice la ley«.
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Rosario y la violencia asociada al narcomenudeo
La fiscal general remarcó que la política de microtráfico se concentró en los lugares donde el comercio de drogas estuvo directamente vinculado a homicidios, balaceras, extorsiones y heridos de arma de fuego, una dinámica que tuvo en Rosario su expresión más grave.
En ese marco, desde la implementación de la ley se realizaron 99 inactivaciones de puntos de venta de drogas, conocidos como búnkeres. Las intervenciones se definieron en función de mapas del delito y denuncias reiteradas de violencia en los barrios.
Datos oficiales y alcance provincial
La nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico dependerá directamente de la Fiscalía General y estará a cargo del fiscal rosarino Franco Carbone. En total, cuenta con 11 fiscales distribuidos en las distintas fiscalías regionales.
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En cuanto a la conformación del equipo, el Ministerio Público de la Acusación dispuso la designación de fiscales en las distintas sedes de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico.
En la sede Santa Fe fueron nombrados los fiscales adjuntos Eric Fernández y Arturo Haidar. En Rosario, la unidad quedó integrada por la fiscal adjunta subrogante Mercedes Banchio, el fiscal titular subrogante César Cabrera, la fiscal adjunta Brenda Debiasi, el fiscal adjunto Diego Giro, el fiscal adjunto César Pierantoni y la fiscal titular subrogante Alejandra Raigal. En tanto, en Venado Tuerto fue designado el fiscal Iván Raposo; en Reconquista, el fiscal adjunto subrogante Sebastián Galleano; y en Rafaela, la fiscal adjunta subrogante Analía Abreu.
De acuerdo a datos oficiales, se imputaron unas 2.500 personas por delitos vinculados al microtráfico sobre más de 12 mil denuncias recibidas. El 80 por ciento de los imputados fueron varones y el 20 por ciento mujeres. En los últimos tres meses, ya con equipos específicos en Rosario, se imputaron en libertad a 80 personas, con resolución anticipada de las causas.
El balance político del gobierno
Pullaro defendió la ley de microtráfico como una decisión política que implicó asumir costos en un contexto de violencia creciente. Recordó que, al inicio de la gestión, la tasa de homicidios en el departamento Rosario casi duplicaba la actual y afirmó que la provincia atravesó el año menos violento desde que existen estadísticas oficiales.
El gobernador atribuyó esa baja a la coordinación entre los tres poderes del Estado y a medidas concretas de control penitenciario y territorial. También subrayó el trabajo conjunto con la Justicia Federal en causas de narcotráfico y lavado de activos.
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“Hay una decisión del Estado de no retroceder en la lucha contra quienes enferman a la sociedad vendiendo drogas”, afirmó, y sostuvo que el objetivo fue recuperar condiciones de mayor tranquilidad para los vecinos de Rosario y del resto de la provincia.
Sostener la baja de la violencia
Desde el Ministerio Público de la Acusación anticiparon que en 2026 buscarán profundizar un abordaje estratégico del microtráfico, con criterios uniformes en toda la provincia. El desafío, señalaron, será sostener la reducción de la violencia sin saturar el sistema penitenciario y concentrar la respuesta penal en los circuitos que generan mayor daño social.