Según se pudieron constatar los pesquisas, las especies incumplían el Código Alimentario porque no se pudo comprobar su origen legal dado que no se encontraban rotuladas, por lo que debieron ser retiradas para evitar que continúen en el mercado.
ambién se acreditó que el encargado del lugar no estaba inscripto en el Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre (RPUOFS) ni en el SENASA, e infringía la Resolución 170 de la Subsecretaría de Fauna de la Nación.
Ante esta situación, el fiscal Blas Matías Michienzi imputó al propietario del restaurante por violar el artículo 86 del Código Contravencional, que sanciona el ejercicio ilegitimo de una actividad.
Del procedimiento participó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y organismos de del GCBA como las Direcciones de Fiscalización y Control (DGFyC) y la de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA).