La Justicia aspira a recuperar al menos 530 millones de dólares producto del perjuicio que le provocó al Estado las maniobras realizadas por los condenados en la causa Vialidad por el fraude a la administración pública, producto de la corrupción en las licitaciones de rutas en Santa Cruz.
Esto, sin contar a demanda civil que inició el Estado contra los ahora condenados. Allí se reclaman 1120 millones de dolares, y se tramita por separado. Semejantes cifras representan el peso de lo desviado en concepto de corrupción, solo en materia de fraudes en el sector de Vialidad.
Ese monto debe ser pagado de manera solidaria por todos los condenados, incluida Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los exfuncionarios de Vialidad Nacional provincial que están presos.
La suma surge del monto calculado por los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, Rodrígo Giménez Uriburu y Andrés Basso cuando impusieron las condenas en diciembre de 2022.
Esa cifra, que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena, ahora debe ser actualizada por los jueces del tribunal oral. Luego deben pasar lista a los bienes embargados a todos los condenados, decomisarlos, y ponerlos a subasta para que el Estado recupere el dinero y lo destine a la persecución penal.
La cifra de 530 millones de dólares, de todos modos, corre el riesgo de ser insuficiente. El monto original que se estableció en la condena dictada en diciembre de 2022 del perjuicio al Estado fue de 84.835.227.378 pesos.
A esa cifra se le deben aplicar las actualizaciones del caso, pero cada tribunal tiene criterios diferentes para hacerlo. Algunos usan la tasa activa del Canco Central, otros la tasa pasiva del Banco Central y, otros, el índice de inflación del INDEC.
Calculando el monto del perjuicio con este último criterio, la cuenta llega a los 641.961.937.613 pesos. A la cotización del dólar al día, da unos 530 millones de dólares.
El Tribunal Oral Federal 2 va a empezar a pensar en ejecutar estos bienes, una vez que concluya esta primera etapa en la que se está asegurando las detenciones de los condenados y la resolución eventual de sus pedidos de prisión domiciliaria, según dijeron fuentes del caso.
Ahora bien, de donde van a salir los bienes para cubrir el prejuicio al Estado, es otro tema espinoso.
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