Un día después, y tal como lo habían anticipado, de la protesta de taxistas en la Terminal de Ómnibus contra las app Uber y Didi, que incluyó cortes de calles, fuego en la calzada y detención de coches en la calle, el Ejecutivo rosarino se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para radicar una denuncia penal por infracción a los artículos 183 y 194 del Código Penal que refieren a la presunción de daño y por entorpecer el funcionamiento de los transportes o servicios públicos.
El expediente ingresó por la mesa de entradas virtual del MPA y aún no tenía fiscal designado. De todos modos, la presentación del escrito se remite a la entrega de imágenes de las cámaras en torno a la terminal de ómnibus, fotos y elementos de interés para la causa, así como las declaraciones testimoniales del subsecretario de Control Ezequiel Brocchi y los relatos de policías que participaron del operativo y mantuvieron algunos contactos con los manifestantes.
La protesta del lunes se produjo en medio de la bronca de los autodenominados taxistas autoconvocados, a quienese se sumaron «chalecos amarillos» (que nuclean a unas siete agrupaciones de taxistas). Una manifestación que se originó ante «la falta de más controles que puedan detener los autos de aplicaciones ilegales como Uber y Didi en las calles y paradas de taxis», según denunciaron.
El malestar fue escalando, hubo corte de calle en Santa Fe y Cafferata, quema de neumáticos y una suerte de «cacería» a quienes se presumía conducían para Uber dejando pasajeros por la zona. En este contexto se desplegó un fuerte operativo policial con decenas de móviles policiales y uniformados apostados para actuar.
Imágenes del Ejecutivo
«Vimos todas las imágenes y no se pueden identificar vehículos de alquiler oficial ya que los dejaron fuera del radio de la manifestación. Esto además, podría significar que si un taxi que no participó de los hechos por geolocalización estaba en la zona, podría ser un tema complejo para su titular. Igualmente se radicó la denuncia penal por entorpecer el tránsito de los servicios públicos y el corte de calle», indicó una fuente del Palacio de los Leones.
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«En cuanto a las posibles transgresiones que puedan motivar multas del Tribunal de Faltas no se pudieron constatar porque no se identificaron vehículos, ni personas. Luego si Fiscalía nos solicita una ampliación por control satelital de las unidades con números de chapa y nombres y apellidos será un tema ampliatorio que determinarán en la investigación», amplió esta vocera.
Daño e interrupción del tránsito
Por lo tanto, lo que pide el Ejecutivo es que la Justicia determine si hubo daño e interrupción de colectivos y otros servicios para luego avanzar en las responsabilidades. Todo ello con base en esta denuncia que fue acompañada por videos de las cámaras de la zona, fotografías y testimonios. Entre ellos de uniformados que insistieron a los manifestantes que levanten el corte de calle.
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La denuncia penal se confeccionó con base en un informe del procurador general del municipio y otros equipos técnicos a pedido del intendente Pablo Javkin. En concreto, es un escrito que establece posibles infracciones al Código Penal, pero en el que no se determinaron nombres, apellidos y números de chapa de taxis. Será un tema a determinar por el fiscal que tome la causa, con la posibilidad de nuevas ampliaciones o pedidos de mayor información útil para el expediente.