El presidente Javier Milei recibió su primera denuncia penal por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Si bien el gobierno intenta tapar la estafa y anunció una investigación interna en manos de la Oficina Anticorrupción, el accionar del presidente ya tiene su correlato en la Justicia.
La denuncia penal fue interpuesta por Claudio Lozano, economista y líder del partido Unidad Popular; Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya, un especialista en nuevas tecnologías y María Eva Koutsovitis, ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
La Oficina Anticorrupción deberá investigar si Milei incumplió con la Ley de Ética Pública tras el escándalo cripto
«La megaestafa más grande de la historia de este rubro», detalla el escrito donde se acusa a Milei de ser parte una “asociación ilícita”, perjudicando simultáneamente a “más de 40.000 personas con pérdidas superiores a los US$4.000 millones”.
La estafa, que tomó escala global apenas ocurrió, se ejecutó mediante un esquema conocido como rugpull, en el que los desarrolladores de un proyecto lanzan un token, atraen a inversores para aumentar su valor, y luego retiran abruptamente el dinero.
La denuncia, justamente, explicita, que “cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero”.
Entre las medidas cautelares «de protección de prueba» que solicitan los denunciantes está el allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación para secuestrar todo equipo electrónico (computadoras, teléfonos, tablets, laptops) y que se identifiquen y allanen los domicilios de los denunciados y las empresas involucradas.
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También solicitaron que se lleve a cabo una intervención y pericia en la plataforma X para custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei (@JMilei) y de las demás personas denunciadas, incluidos los registros de los tuits eliminados; que se ordene el “bloqueo de las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados”; y que se implementen medidas de “trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA para identificar a los beneficiarios de la estafa”.
Pidieron que se investigue al presidente por “estafa y otras defraudaciones”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por “violar la Ley de Ética Pública”.
Además denuncian a Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc. y KIP Protocol; Daniel Parisini, conocido en redes sociales como Gordo Dan; el pensador libertario Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures.