Este miércoles se concretó la audiencia pública en la que la reestatizada empresa Aguas Santafesinas ofreció las explicaciones de su pedidoi de aumento de tarifas, que consiste en un 30% de reajuste, dividido en tres tramos del 10% cada uno. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, detalló la situación actual de la empresa, las medidas implementadas para su sostenibilidad y los desafíos de infraestructura que enfrenta para brindar y ampliar el servicio. En ese marco destacó que la suba será “gradual” y dependerá de la situación económica e inflacionaria del país, y por tanto, de las y los usuarios.
Enrico explicó que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro recibió a la empresa en “condiciones críticas”, con “un 75% de sus gastos no cubiertos por las tarifas” y con un balance sostenido “con fondos del gobierno provincial”. Y aseguró que durante el último año se inició un “proceso de reestructuración que ha logrado reducir el déficit a un 30-40%”.
Entre las medidas dispuestas desde el inicio, el funcionario provincial listó: reducción de personal, recortes de “privilegios”, disminución de gastos operativos y “un enfoque en mejorar las áreas críticas de obra pública”.
“El objetivo es lograr una empresa más eficiente, con mejor respuesta a los vecinos y mayor sustentabilidad, sin depender exclusivamente de aumentos tarifarios”, destacó Enrico.
Sin carácter vinculante –esto es que Assa no está obligada a lograr consensos para su plan– la audiencia pública es, empero, un paso indispensable previo a cualquier reajuste de tarifas. En esa línea, el ministro destacó que se buscó informar a los usuarios y recabar sus opiniones sobre el estado de la empresa y el ajuste tarifario proyectado para 2025. Enrico subrayó que este espacio es clave para escuchar las posturas de la ciudadanía y “fortalecer la transparencia en la toma de decisiones”.
El ministro mencionó los desafíos en infraestructura que enfrenta Assa, como las plantas potabilizadoras de Granadero Baigorria e Ituzaingó, cuyas obras están paralizadas por el freno a la obra pública dispuesto por el gobierno del presidente Javier Milei. La falta de recursos de la Nación impacta en las grandes obras de infraestructura –que con el mero paso del tiempo enfrentan un deterioro cuyos costos a la postre pueden superar las inversiones interrumpidas– pero a la par resaltó se siguen ejecutando otros proyectos financiados por el gobierno provincial.
“Para garantizar un buen servicio de agua potable necesitamos más infraestructura. Sin obras públicas suficientes, es difícil satisfacer la demanda y responder a los reclamos de los vecinos”, afirmó Enrico, quien además reconoció que el costo de estas obras es elevado y requiere financiamiento sostenible.
Enrico destacó que el eje planteado por la Casa Gris es busca un equilibrio entre la sostenibilidad de la empresa y el impacto en los usuarios, “con especial atención en el consumo responsable y racional del agua” potable.
En cuanto a los reclamos por baja presión o deficiencias en el servicio, el ministro enfatizó que la mejora del sistema está directamente relacionada con la capacidad de ejecutar obras y modernizar la infraestructura existente. “Entendemos los reclamos y trabajamos para mejorar el servicio. Este ajuste busca garantizar la continuidad de un sistema que, sin una buena ecuación económica, no puede dar respuesta adecuada a las necesidades de los vecinos”, remarcó el ministro.
La exposición del funcionario cosechó reparos por parte de organizaciones de usuarios y consumidres e instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo de la provincia, que remarcó que “gestionar no es simplemente trasladar costos al usuario” y, además de insistir en mejoras en el servicio, pidió “considerar los distintos tipos de consumidores a la hora de establecer tarifas”.
Los defensores del Pueblo ad hoc de Santa Fe, Gabriel Savino y Javier Diaz Dechiara, hicieron hincapié en las dificultades de crecientes sectores sociales para enfrentar aumentos tarifarios en servicios esenciales. Savino recordó que “el gobierno nacional fijó limitar al 1% mensual” la actualización del “Coeficiente K” –un valor que se calcula mensualmente y se utiliza para actualizar las tarifas– a partir de febrero de 2025. La disposición establece “mantener la eficiencia en la prestación del servicio sin generar un impacto significativo en las tarifas”, y la Defensoría la planteó como marco que tiene por componentes “la desaceleración del proceso inflacionario en los últimos meses y los avances logrados por la concesionaria del servicio de agua potable en la optimización de costos operativos”.
“Entendemos que cada uno debe pagar por lo que consume; no obstante, es crucial diferenciar entre los distintos tipos de consumo: domiciliario/familiar, comercial, industrial, social, deportivo, comunitario”, sostuvo la Defensoría. Y agregó: “La lucha contra las pérdidas, el derroche y las malas prácticas del uso del agua potable debe ser parte integral del proceso tarifario”. Es decir, buscar una reducción tarifaria a partir del ahorro y el uso eficiente.
Y destacó que, por el contrario, “el incremento tarifario aplicado en el 2024 impactó al usuario entre el 520% y 530%, y estos aumentos se basaron exclusivamente en el déficit financiero declarado por Assa”.
“Según declaraciones públicas de la empresa se pasó de una cobertura del déficit de Assa del 90% de los costos del gobierno provincial a un 50%, pero a costa de la ciudadanía”, marcó la Defensoría.
Fuera de las boletas
Durante su intervención, el defensor Savino, también puso en relieve “el crecimiento exponencial de los reclamos”, que llegaron a la institución: “Más del 130% respecto al año 2023 y más del 170% respecto a 2022”. Y en ese marco demandó una mejora en la información pública que brinda la empresa, “ya que para hablar de transparencia y gobernanza, la información que debería ser pública y accesible”, pero sin embargo, “en muchas ocasiones ni si quiera está publicada”.
“Creemos firmemente –continuó– que es responsabilidad primaria del Estado realizar inversiones necesarias antes de implementar ajustes tarifarios”, se plantó. Y orientó: “Las tarifas deben reflejar servicios efectivamente prestados con equidad y respeto a principios como certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, más allá del simple saneamiento financiero”.
En este sentido, destacó que muchas de las recomendaciones que la institución viene proponiendo desde hace años siguen sin resolverse, y detalló: “La implementación de sistema tarifa social, la realización de un nuevo marco regulatorio, aumentar las mediciones de consumo real, mejorar la macromedición y micromedición a los fines de que se disminuyan las pérdidas, realizar controles del mal uso del agua potable apto para consumo”.
Por su parte, Diaz Dechiara también se refirió a la necesidad de trabajar sobre una tarifa social, remarcó “la sensibilidad que tiene que tener Aguas Santafesinas”, pidió a las autoridades de la empresa profundizar el vínculo con la institución defensora de derechos.
El defensor, habló también sobre la eficiencia del servicio: “Es un acto de justicia poder avanzar en un esquema que cambie el paradigma de la empresa de aguas en cuanto a los estimados para la micromedición”, y solicitó: “Le pedimos a las autoridades de la empresa avanzar en cuanto a la micromedición para poder segmentar, esto sería una medida equitativa y justa”.
En relación a las obras, recordó: “La obra del acueducto Gran Rosario, de la planta de Santa Fe, de la extensión del acueducto Desvío Arijón, del acueducto de Reconquista, fueron hechas con los impuestos que pagamos los santafesinos”, y enfatizó: “A la Defensoría no llegan solo los reclamos de quienes tienen un caño roto, también llegan los reclamos de quienes no tienen acceso al agua potable”.
Por último, Diaz Dechiara señaló que: “Hay que tener certeza de cual va a ser la figura de la empresa de Aguas para la provincia de Santa Fe cuando termine el contrato en el 2026 porque no solamente las gestiones nacionales no han sido beneficiosas o solidarias con Santa Fe, no solamente eso sino que empresas que venían a mencionarnos la modernidad nos han dejado después de tantos años desinversión y un juicio que la provincia de Santa Fe todavía tiene que pagar”, y culminó: “Si el aumento de tarifas se va a ver reflejado en una respuesta más rápida de Aguas Santafesinas escucharemos con un tipo de atención diferente”.