El Tribunal Constitucional declaró inadmisible la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la que se solicitaba que se definieran las circunstancias bajo las cuales un jefe de Estado puede ser acusado, en el marco de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
En su demanda, el Gobierno pretendía cuestionar los procesos judiciales en curso contra presidentes en ejercicio de sus funciones. No obstante, el TC rechazó la solicitud debido a un error técnico cometido por los abogados del Poder Ejecutivo.
El Tribunal observó que, aunque la presidenta designó al presidente del Consejo de Ministros para interponer una demanda de inconstitucionalidad, no se otorgó una autorización expresa por parte de la titular del Ejecutivo para presentar una demanda competencial.
El máximo órgano interpretativo de la Constitución ha dado un plazo de cinco días al gobierno para subsanar este error. En caso de no corregirse la observación dentro del plazo establecido, la demanda será archivada de manera definitiva.
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