Por primera vez, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe publicó el número de suicidios registrados en la provincia en 2025, duplicando las muertes por homicidios. Las autoridades llaman a hablar del tema con cuidado para abordar la problemática.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, por primera vez, decidió publicar el número de suicidios registrados en la provincia. La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, lo informó semanas atrás durante su exposición ante los legisladores sobre la gestión de 2025, y lo replicó este miércoles el Fiscal Regional 1, Jorge Nessier.
Vranicich reveló que el año pasado en todo el territorio provincial, el número de suicidios duplicó al de muertes violentas generadas por homicidios: el 46,5% fueron por personas que decidieron quitarse la vida, mientras que el 21,8% correspondió a crímenes.
Nessier, por su parte, reportó los datos del departamento La Capital y sus alrededores. La constante se mantuvo: de 264 muertes violentas producidas en 2025 en el ámbito de la Fiscalía Regional 1, 126 fueron por suicidio, 77 por siniestros viales y 61 por homicidios.
“Es una emergencia”, dijo Nessier durante su exposición en Coronda y lo repitió ante la consulta de El Litoral. Sobre esa base, explicó el cambio de paradigma para romper con las premisas que recomendaban silenciar la problemática y hasta no utilizar públicamente el término “suicidio”.
“Por primera vez dimos cuenta del total de muertes violentas con esta discriminación y revelamos el número de suicidios. Normalmente, teníamos un gran cuidado en difundir estas cifras, reparando particularmente en la dignidad de quienes han perdido la vida de esta manera. En segundo término, porque el criterio que había anteriormente era que había que evitar lo que es el efecto reiteración (o contagio) a través del conocimiento de estos hechos”, planteó Nessier.
“Sin embargo —acotó—, en los últimos años, las instituciones internacionales en materia de salud han determinado que es un tema del cual hay que hablar. Con todo el cuidado, por supuesto, pero hablar. Así es como pensamos abordarlo; brindando y reuniendo información junto con otras áreas del gobierno provincial para, precisamente, habilitar otros análisis desde el punto de vista de la cuestión sanitaria”.
Consultado sobre las franjas etarias que predominan en las víctimas de suicidio, Nessier aclaró que no cuentan aún con esa información. “Estamos trabajando sobre los legajos de los años precedentes, en toda una tarea de recolección de información y vamos a tener una discriminación en ese sentido. Pero por el momento no la tenemos”, planteó.
Asimismo, ratificó el concepto de “emergencia” para dar cuenta de la gravedad de la situación. “No somos expertos en la materia, pero me permití utilizar esa referencia con la idea de que podamos brindar la información para que quienes sí lo son puedan abordar esto de la mejor manera en todos los ámbitos posibles, desde una atención primaria, una acción preventiva y hasta, incluso, educativa. Es una problemática que no sólo vemos en nuestra jurisdicción, sino también a nivel nacional con números que también preocupan”, explicó.
Respecto a si la curva de muertes por suicidios se ha incrementado progresivamente, Nessier señaló: “Quizá no se evidencia un incremento tan significativo, pero sí cambia la proporcionalidad por el hecho de que se ha logrado una baja importante de los homicidios. Pero por mi propia experiencia (durante los primeros años de vigencia de este nuevo sistema, me desempeñé en la Unidad Fiscal de Homicidios) ya en los años 2014-2015, los hechos de suicidios eran particularmente altos”.
Este jueves, el diputado justicialista Miguel Rabbia ingresó a la Legislatura una iniciativa para que la provincia sancione una Ley Integral de Prevención del Suicidio. El proyecto pretende institucionalizar un dispositivo de escucha y asistencia profesional gratuita y accesible en todo el territorio, con personal capacitado para la contención inmediata y la derivación oportuna a la red de salud pública y el sistema de emergencias (107).
Por otro lado, propone la creación de un sistema que garantice la trazabilidad de los casos y la obtención de datos sólidos, apuntando a terminar con el “vacío informativo” mediante un seguimiento activo de las personas en riesgo y el registro detallado de las intervenciones. Finalmente, la propuesta otorga rango de prioridad a la sensibilización de la comunidad, buscando revertir la ausencia de comunicación pública sobre salud mental y adicciones mediante campañas sostenidas y profesionales.