La Justicia federal, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, suma nuevos elementos en la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Se analizan viajes familiares, una casa en un country y reformas pagadas en efectivo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa, liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, acumula inconsistencias entre sus declaraciones públicas y su patrimonio declarado.
Uno de los puntos centrales es la remodelación de una vivienda en el country Indio Cua, adquirida por su esposa, Bettina Angeletti. Según el contratista Matías Tabar, la obra costó unos 245 mil dólares y fue abonada en efectivo. La propiedad no figuraba inicialmente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y fue incorporada tras una rectificación posterior.
En su última declaración jurada, Adorni informó un patrimonio de 107,9 millones de pesos al cierre de 2024, frente a los 61 millones declarados al asumir. Sus bienes crecieron cerca de un 50% en dólares en un año, aunque también aumentaron sus deudas declaradas.
La investigación también abarca viajes. En marzo, su esposa viajó a Nueva York en el avión presidencial durante una gira oficial, pese a que desde 2024 el gobierno prohibió el uso de aeronaves oficiales para viajes particulares. Adorni sostuvo que “Presidencia la invitó”.
Otro viaje bajo análisis es un fin de semana en Punta del Este en avión privado, contratado por un periodista amigo del funcionario. Aunque Adorni afirmó haber pagado su parte, declaraciones judiciales contradicen esa versión. También se investiga un viaje familiar a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, días después de que el propio Adorni comunicara el pedido de austeridad del presidente Javier Milei.
Además, la Justicia analiza la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares, bajo una modalidad de hipoteca privada sin intereses. Se busca determinar si hubo irregularidades en la valuación y en las reformas previas.
La causa avanza mientras crecen las preguntas sobre el nivel de vida del funcionario y la consistencia entre sus ingresos declarados y sus operaciones económicas.