Un proyecto legislativo busca que las estaciones de servicio informen cuánto de cada carga de combustible se lleva la Nación y cuánto regresa a la provincia, en medio de un reclamo histórico por mayor federalismo.
Un proyecto presentado en la Legislatura santafesina propone que cada estación de servicio exhiba de forma clara cuánto dinero de cada carga de combustible es retenido por el Estado nacional y cuánto regresa a la provincia. La iniciativa apunta a generar transparencia en un sistema que, según sus impulsores, concentra recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras el interior productivo queda postergado.
Actualmente, cuando un santafesino carga combustible, aproximadamente el 33% del monto se destina a impuestos nacionales. El proyecto busca que ese dato sea visible para el consumidor, junto con el porcentaje que efectivamente retorna a Santa Fe en concepto de obras o servicios. Según los autores de la iniciativa, en la actualidad ese retorno es prácticamente nulo.
La falta de inversión nacional en obras clave para la provincia es otro de los puntos centrales del reclamo. La reconstrucción de la Circunvalación de Rosario, una obra de importancia estratégica para el tránsito pesado y la logística regional, acumuló demoras de más de diez años hasta su finalización parcial. Asimismo, la restauración del Monumento a la Bandera lleva siete años paralizada, con andamios que aún rodean al ícono histórico, lo que obligó al gobierno provincial a asumir tareas que corresponden a la Nación.
Uno de los ejemplos más emblemáticos del abandono es la ruta nacional A012, por donde circulan más de 15.000 camiones por día transportando cerca del 80% de la cosecha argentina. A pesar de ser una vía clave para la generación de divisas, se encuentra en estado crítico, sin mantenimiento básico y con un deterioro que la convierte en un riesgo permanente. Recuperar sus 67 kilómetros requeriría una inversión superior a los 50.000 millones de pesos, una obra que debería ser prioridad nacional pero que hoy depende de la gestión provincial para evitar más accidentes.
La distribución del gasto público profundiza la desigualdad: cerca del 75% de los subsidios al transporte y la infraestructura se concentran en el AMBA, dejando al interior sin recursos para sostener incluso lo básico. Frente a este escenario, el reclamo ya no es solo por obras, sino por claridad. Saber cuánto se recauda, cuánto se queda Nación y cuánto vuelve es el primer paso para terminar con un sistema opaco que naturaliza la desigualdad.
La transparencia no resuelve por sí sola la injusticia, pero la expone. Y cuando queda en evidencia que el interior financia sin recibir, lo que se rompe no es solo un equilibrio económico: es el contrato federal sobre el que debería sostenerse el país. Es momento de que el federalismo deje de ser un eslogan y vuelva a ser una realidad.