El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) enfrenta un proceso de reducción de personal y servicios que, según sus trabajadores, pone en riesgo la calidad y seguridad de productos que van desde alimentos hasta cascos de moto y materiales de construcción. La medida afecta a sectores clave de la economía santafesina, como la apicultura.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa un proceso de desmantelamiento que, según sus trabajadores, pone en riesgo la calidad y seguridad de una amplia gama de productos. A diciembre de 2023, el organismo contaba con 3100 empleados; desde entonces, más de 700 fueron despedidos o renunciaron, y se anticipa la posible salida de otros 1500. El Gobierno nacional anunció la baja de 900 servicios, lo que implicaría el cese de contratos y un impacto significativo en la productividad nacional.
El INTI realiza controles esenciales en sectores como el alimentario —con ensayos microbiológicos para detectar salmonella y listeria—, análisis de calidad de agua y efluentes, verificación de seguridad en materiales eléctricos y de la construcción, y certificaciones oficiales. Daniel Luna, trabajador del INTI, explicó que todos los productos comercializados deben cumplir normas de organismos como ANMAT, Secretaría de Comercio, Enargas o Senasa. La falta de estos controles ya se refleja en el rechazo de cargamentos agrícolas por parte de la Unión Europea debido a elementos prohibidos.
El organismo es el único laboratorio capacitado para ensayar ascensores, capacita soldadores para gasoductos y personal para la industria nuclear, certifica trabajadores de talleres aeronáuticos y evalúa envases y embalajes. También realiza pruebas de seguridad en cascos de motos (impacto, penetración, retención), materiales de construcción (compresión, flexión, durabilidad) y ropa de protección contra fuego (inflamabilidad, resistencia al calor y química).
En el sector apícola, la situación es crítica. Argentina es el cuarto mayor exportador mundial de miel, con 22.000 apicultores, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Los trabajadores advierten que la eliminación de auditorías y certificaciones puede llevar al rechazo de cargas en mercados exigentes como la Unión Europea, similar a lo ocurrido con la carne por la falta de control en Senasa.
Los trabajadores del INTI subrayan que los ensayos no son un gasto, sino una inversión en salud, y que la discontinuidad de servicios afecta la trazabilidad, la validez metodológica y el respaldo institucional necesarios para la exportación, la innovación y el Plan Nacional de Calidad. Además, señalan que muchos de estos servicios tienen oferta limitada o inexistente en el ámbito privado, por lo que el INTI cubre vacancias críticas del sistema tecnológico.