Ante el aumento de denuncias falsas, las autoridades provinciales anunciaron que se exigirá el resarcimiento de los gastos policiales a los responsables y sus familias.
Ante un crecimiento de las denuncias por amenazas de ataques a tiros en escuelas de la provincia, el gobierno de Santa Fe advirtió que habrá consecuencias efectivas para los implicados. Como medida concreta, se intimará a pagar el costo de los operativos policiales desplegados, cuyo valor base se estima en 5 millones de pesos.
“Este tipo de amenazas no son una broma, son un delito tipificado en el Código Penal. Y trae consecuencias, no solo hacia los estudiantes, sean punibles o no, sino para la propia familia”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity, en una conferencia de prensa que compartió con su par de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.
Los casos de llamados falsos advirtiendo sobre posibles tiroteos tomaron volumen tras el asesinato de un estudiante en una escuela de San Cristóbal. Solo el viernes pasado se registraron 65 incidentes de este tipo en toda la provincia.
Además del llamado a la concientización, las autoridades anunciaron “consecuencias reales”. Se firmó una instrucción para que, además de las acciones legales, se persiga el cobro y recupero del gasto de los operativos como resarcimiento. “Un operativo básico y elemental de un hecho por amenaza de este tipo cuesta entre 5 y 6 millones por operativo entre combustible, movilidad, horas extras del personal. No queremos que lo paguen los santafesinos con sus impuestos sino que se perseguirá el cobro a los identificados”, detalló Cococcioni.
La Policía de Investigaciones (PDI) ya detuvo a un joven de 16 años por amenazas a través de WhatsApp en el Complejo Educativo Nuestra Señora de Luján, ubicado en Pérez. Las autoridades explicaron que los procedimientos por estos hechos suelen incluir allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.
“Hay que decir que una causa penal en el marco del Código Penal procesal juvenil de Santa Fe deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad”, afirmó Cococcioni, señalando que puede afectar el acceso a certificados de buena conducta o viajes al exterior, e incluso derivar en la institucionalización de los menores. Confirmó que hay personas mayores y menores detenidas a disposición de la Justicia y que en los próximos días recibirán las intimaciones para el resarcimiento.