Un estudio de Unicef revela que más de la mitad de las madres no recibe la cuota alimentaria. Desde la UNR proponen agilizar los trámites y unificar criterios judiciales para fortalecer el control.
Según datos del último análisis de Unicef sobre la situación de la niñez y adolescencia en hogares liderados por mujeres, más de la mitad de las madres en Argentina (56%) no recibe la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda. El porcentaje asciende al 68% si se consideran aquellos casos en los que el pago no se realiza de manera regular.
Frente a esta problemática, desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se advierte sobre la necesidad de reformar las normativas que sancionan el incumplimiento y de garantizar un control más estricto. En la provincia de Santa Fe, hace 25 años se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) mediante la ley 11.945. En este padrón, los jueces inscriben a quienes incumplen tres cuotas consecutivas o cinco alternadas en un año, lo que genera sanciones que van desde la prohibición de ingresar a estadios de fútbol hasta inhabilitaciones para licitaciones o cargos públicos.
Sin embargo, Florencia Rovetto, titular de la Secretaría de Género de la UNR, señaló que actualmente son las mujeres quienes deben solicitar la inscripción de los progenitores en el registro. «Es un trámite más que se suma a la denuncia por juicio de alimentos, cuando podría ser mucho más ágil y que los mismos jueces ordenen la inscripción de los incumplidores», explicó. Agregó que, durante esas gestiones, muchos deudores no quedan incluidos, lo que se refleja en que el padrón provincial apenas cuenta con unos 2.000 inscriptos, una cifra muy inferior a la cantidad real de casos de incumplimiento.
En este marco, este lunes a las 17.30, en la Facultad de Derecho de Rosario (Córdoba 2020), se desarrollará una actividad titulada “Deuda Alimentaria: Hacia una reforma de la Ley de Registro en Santa Fe”, con la participación de la abogada feminista Sabrina Cartabia Groba. El encuentro busca promover el diálogo sobre los desafíos legislativos y de acceso a la justicia.
Rovetto destacó que el incumplimiento en el pago de las obligaciones alimentarias «es una problemática estructural que afecta a niños, niñas y adolescentes», y que constituye una forma de violencia económica hacia las mujeres madres, quienes asumen mayoritariamente las tareas de cuidado. La ineficacia del Estado para garantizar este derecho, señaló, configura otro tipo de violencia al propiciar un ambiente de impunidad.
El Área de Género y Sexualidades de la UNR lleva dos años analizando el funcionamiento del sistema judicial provincial en esta materia, con el objetivo de identificar obstáculos y elaborar propuestas de mejora. El relevamiento permitió detectar problemas como la falta de criterios unificados en las prácticas judiciales, las dificultades de acceso a la justicia —por la necesidad de patrocinio letrado y los costos— y la baja efectividad práctica del registro.
Entre las limitaciones del registro se destacan su alcance restringido, ya que sus efectos recaen principalmente sobre quienes tienen inserción en el sector formal o interactúan con el Estado, y su burocratización, dado que la inscripción no es automática y requiere una declaración judicial previa tras reiterados incumplimientos.
El análisis de Unicef de 2024 también resalta que, entre las mujeres que no reciben la cuota alimentaria, seis de cada diez indican que el progenitor tampoco se hace cargo de otros gastos de manera directa.