La nueva Ley de Modernización Laboral modifica los criterios legales para reconocer y encuadrar el trabajo, desplazando el foco desde la realidad de los hechos hacia las formas contractuales.
La reciente reforma laboral, conocida como Ley de Modernización Laboral (N° 27.802), introduce cambios significativos en los criterios que permiten reconocer, interpretar y proteger el trabajo. A diferencia de la premisa histórica del derecho laboral argentino, que partía de la protección del trabajo como un hecho social, la nueva normativa parece priorizar el encuadramiento contractual y las formas jurídicas.
Las modificaciones afectan artículos básicos de la ley, como aquellos que definen el concepto de trabajo y la relación laboral. Se observa un debilitamiento de principios como la «primacía de la realidad», que permitía reconocer vínculos laborales más allá de su formalidad, incluso en casos de trabajo no registrado. Ahora, la forma en que se presenta el vínculo jurídico adquiere mayor relevancia.
Este corrimiento conceptual impacta directamente en cómo se reclaman los derechos derivados del trabajo. Si bien no se eliminan garantías de manera formal, se incorporan nuevos márgenes de riesgo para los trabajadores que buscan hacerlas valer. El acceso a la protección jurídica dependerá, en mayor medida, de la capacidad de cada persona para encuadrar su situación dentro de las formas legales.
La reforma no se limita a cambios aislados, sino que representa un desplazamiento en la filosofía del derecho laboral: el trabajo deja de ser considerado principalmente como un hecho social a proteger para convertirse en una relación a encuadrar dentro de un marco contractual específico.