Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

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El Juez Federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, la encargada de vender los vuelos en los que viajó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este durante los feriados de Carnaval.

Esta determinación técnica surge tras una solicitud formal interpuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, allegado a Adorni.

El magistrado ordenó que Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

Mensajes durante una declaración

Esta medida surge tras la audiencia en la que Tossi prestó declaración testimonial este viernes, en el marco de la causa que investiga cómo se pagaron los vuelos con los que Adorni viajó a Punta del Este durante el feriado de Carnaval junto a toda su familia.

Mientras Tossi brindaba declaración ante el fiscal Pollicita sobre los pormenores del vuelo que trasladó al jefe de Gabinete hacia Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de escandalosa: la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Grandio.

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La secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, Vanesa Tossi, se presentó a declarar en Comodoro Py.

Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

Se complica la situación de Adorni

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

El miércoles pasado, en conferencia de prensa, Adorni había declarado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no lo hubiera pagado”.

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Un día después, el piloto Agustín Issin, al que le facturaron el vuelo privado del jefe de Gabinete, declaró como testigo en el marco de la misma causa y además de aportar documentación, dijo que a la reserva y el vuelo los pagó Grandio, periodista y amigo de Adorni que tiene contratos con la TV Pública. De ese modo, contradijo la versión del jefe de Gabinete y aseveró que la factura la hizo el día en que se conoció ese viaje de Adorni porque había estado de vacaciones.

Este viernes, el fiscal Pollicita formuló el requerimiento para que se investigue el patrimonio de Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Restricción perimetral

Ante la gravedad de los hechos, Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Grandio no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.

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En tanto, Pollicita justificó la necesidad de aplicar el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, argumentando que la secuencia de contactos insistentes y la interrupción de la propia audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la deponente.

Finalmente, el juez Lijo dispuso que se extraigan testimonios de las piezas procesales pertinentes, incluyendo el acta de la declaración de Tossi y la documentación respaldatoria entregada por ella, para que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.

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