Después de ganar las elecciones presidenciales del 16 de noviembre en Chile, José Antonio Kast viajó a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei. También aprovechó para saludar al viceministro de Economía José Luis Daza. El por entonces mandatario electo dijo que no quería incomodar al Gobierno argentino, pero que reclamaba la extradición de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el histórico dirigente del Frente Patriotico Manuel Rodríguez, la organizacion político militar del Partido Comunista de Chile que combatió contra la ultima dictadura militar. Fue juzgado en ausencia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzman, fundador del partido de derecha Unión de Democrática Independiente, una de los principales arquitectos jurídicos de la dictadura y de la transición a una democracia que sigue regida por una constitución autodictada por el dictador Augusto Pinochet.
Apablaza ya afrontó un proceso de extradición. Fue detenido en 2005 por pedido de la Justicia trasandina, pero luego el gobierno de Néstor Kirchner le concedió el refugio político. Por la legislación argentina el estatus de refugiado implica la conclusión del proceso de extradición. Desde entonces hubo intentos políticos de todas las administraciones chilenas, pero en algunos casos como una forma de contener las presiones de la UDI. En este caso Kast hizo el anticipo antes de asumir y el 11 de marzo, cuando sucedió a Gabriel Boric, recibio el saludo de Milei en Valparaíso. Estaba prevista una reunión bilateral que no sucedió y desde entonces distintos funcionarios del entorno presidencial sostuvieron que sólo faltaba una firma para trasladar a Apablaza. Después la senadora Patricia Bulrich dijo en la feria de Expoagro que pretendía insistir. «Hace un año y medio, cuando yo era ministra de Seguridad de la Nación, nosotros les sacamos el estatus de refugiados a quienes eran requeridos por homicidios en sus países. Tanto a Apablaza, que está acusado por el homicidio de un dirigente de la UDI en Chile, como a (Leonardo) Bertulazzi, de las Brigadas Rojas, uno de los asesinos de (Aldo) Moro. A ambos les quitamos esa protección mentirosa que tenían como si fueran refugiados», acusó la exfuncionaria.
Las declaraciones pusieron en pie de alerta a la prensa chilena, pero el abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, aclaró que no existía ninguna posibilidad de que se concrete una presunta extradición. Respecto al estatus de refugiado, remarcó que todavía no hay una decisión definitiva porque la medida del Gobierno había sido apelada en tribunales y llegará hasta la Corte.
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Yanzón advirtió que ambos gobiernos quieren instalar un clima en los medios para expulsarlo y sostener que se trata de una extradición, pero recordó que ese proceso caducó cuando le dieron el refugio a su cliente. «No hay extradición, caducó hace 16 años», aseguró. Para insistir, Chile debería iniciar un nuevo proceso de extradición.
La defensa de Apablaza denunció ante el juez federal Ariel Lijo que desde la semana pasada tiene seguimiento de la Policía Federal en los domicilos de su familia.
El estatus de refugiado fue retirado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero comenzó un litigio judicial que no ha terminado. La Camara Federal falló, en forma dividida, que el refugio había perdido vigencia, pero la decisión fue apelada con un recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema. Si la respuesta es negativa, la defensa también puede presentar un recurso extraordinario. De ese modo la controversia puede durar años, pero de ningun modo depende de una firma de alguien del gobierno argentino.
Al parecer, la idea busca revivir un proceso de extradición iniciado en 2005, que se encuentra concluido de acuerdo a los Artículos 15 de la Ley 26.165. Allí se establece que: “El reconocimiento de la condición de refugiado tendrá el efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra el refugiado a petición del gobierno del país de su nacionalidad o residencia habitual”. Los jueces federales Claudio Bonadío (octubre de 2010) y Sebastián Casanello (diciembre de 2025) consideraron aquella regla en las dos oportunidades señaladas. La Corte Suprema de Justicia, en su fallo de septiembre de 2010, también recordó que en el caso se aplica el artículo 7 de la mencionada ley 26.165, esto a diferencia de lo que plantean algunos dirigentes políticos de Chile, que eluden la ley y parecen estar enfocados en un objetivo de persecución política.
Cuando habló en expoagro, Bullrich también habló de Bertulazzi, que fue condenado en ausencia en Italia, su país de origen pero tiene asilo en Argentina desde hace 20 años. «Detuvimos a un prófugo internacional vinculado a las Brigadas Rojas. Leonardo Bertulazzi, extremista italiano, fue capturado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la Ciudad y será extraditado a su país», fue la frase que Bullrich posteó en junio del año pasado para comunicar la detención. Fue para mostrar el estreno del DFI, pero con una persona que llevaba 20 años viviendo en el mismo lugar.
«Integró las Brigadas Rojas, responsables del secuestro y asesinato del exprimer ministro (italiano) Aldo Moro, en 1978. Durante años, usó el refugio político como escudo. Este gobierno se lo revocó«, insistió. «Se acabó el circo y los privilegios que otros le dieron: será extraditado», aseguró.
La Corte avaló un nuevo pedido de extradición, pero al mismo tiempo está frenada porque el mismo tribunal debe expedirse sobre el estatus de refugiado que tuvo desde 2004 y que fue revocado en 2024. Comenzó una serie de apelaciones que no ha terminado, sin embargo, la jueza María Romilda Servini ordenó la detención de Bertulazzi en dos oportunidades desde el año pasado, aunque sabe que hay un proceso en marcha sobre el refugio. Es la misma jueza que negó su extradición en 2003, hace 23 años, pero ahora lo obliga a estar en un calabozo, cuando su domicilio nunca cambió en dos décadas. Fuentes extraoficiales indicaron que ahora estaría con detención domiciliaria debido al delicado estado de salud luego de pasar nuevamente por un calabozo.
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La contradicción: Milei rompe el espejo y concede refugio a bolsonaristas
Tanto con Apablaza como con Bertulazzi, Milei busca favorecer el vincuo con Kast y también con la primer ministro italiana Giorgia Meloni, que mantiene un vinculo muy cercano con el presidente argentino. Sin embargo, la legislación es el principal obstáculo que tiene, pero también su mayor contradicción, porque es la misma normativa que utilizó el Gobierno argentino para darle el refugio político a Joel Borges Correa junto a otros cuatro bolsonaristas que fueron condenados por la justicia brasileña por atentar contra el orden constitucional y el regreso de Luis Inácio Lula Da Silva al poder.
Los cinco se fugaron de la detención domiciliaria en su país y se fugaron a la Argentina. La Justicia brasileña pidió su captura y extradición, pero la semana pasada la administración MIlei movió todos los resortes para darles el refugio. De ese modo anulan el proceso de extradición, tal como sucedió hace 20 años con Apablaza y Bertulazzi. Ese dato tan evidente es negado por el Gobierno argentino en este caso y utilizado a favor de los bolsonaristas. La Casa Rosada sostiene que su plan es concederle refugio a todos los que hayan sido requeridos por la Justicia de Brasil.