La Defensoría de la Tercera Edad calculó en $ 1.824.682 la canasta de bienes y servicios básicos de un adulto mayor. El monto, que estima la entidad cada seis meses, es un 20,5% mayor que en la última medición, cuando el número era de $ 1.514.074,13. Las jubilaciones mínimas de marzo –contando el bono– llegan a los $ 439.600: un cuarto de esa canasta básica.
“Esta medición incluye gastos de vivienda, que contempla un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones”, explicó la Defensoría en un comunicado.
Específico para este grupo etario, el estudio contempla bajo el rubro “insumos de farmacia y medicamentos” una variedad de fármacos de diferentes patologías, “considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado”, aclaran desde la institución.
El documento, firmado por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, remarca una vez más la triple crisis humanitaria que sufren las personas mayores en Argentina: alimentaria, sanitaria y habitacional. La denuncia sobre la situación no es nueva, agregan también: la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría “lo viene denunciando desde 2022”.
“Cuando se confronta la actual canasta con los haberes de más de 4 millones de jubilados y pensionados que perciben por todo concepto $ 430.000, y casi un millón de personas con discapacidad $ 328.000, se corrobora diariamente desde nuestra atención en la Defensoría el padecimiento por el cual atraviesan”, afirman.
“Tengamos en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires el umbral establecido para la indigencia es de $ 769 mil”, explican por otro lado. Esta situación lleva a que el jubilado “tenga que proveerse de la subsistencia trabajando hasta que su salud se lo permita, o mendigando subsidios, comida y medicamentos”.
Como cada vez que se refiere a este tema –y cada vez con una preocupación mayor–, Semino fue vehemente: “Esta verdadera iatrogenia social lleva a que aquellos que trabajaron toda una vida, que aportaron al Estado argentino, que conformaron familias y educaron hijos, hoy se tengan que encontrar siendo explotados laboralmente, o quitándole la posibilidad de un trabajo a un joven para subsistir en las peores condiciones”.