Las proyecciones publicadas por varias consultoras privadas dejan en claro que la inflación de febrero continuó con la misma tónica de los meses anteriores, desmintiendo el relato de una desaceleración real. Con estimaciones que se ubican entre el 2,8% y el 3%, el índice oficial difícilmente logre perforar el piso de enero, y de hecho la cifra más alarmante aparece al observar el acumulado de estos primeros meses del año, que según algunos estudios ya alcanza el 5,8%. Esta velocidad en el aumento del costo de vida liquida cualquier margen de previsibilidad para las familias trabajadoras, consolidando una inercia que parece estar lejos de detenerse ante los discursos de estabilidad oficial.
Esta dinámica inflacionaria se explica en gran medida por el peso de los rubros regulados, donde los tarifazos en servicios públicos y transporte actúan como un motor constante de los precios generales. Al mismo tiempo, la persistente suba en alimentos básicos y especialmente en la carne vacuna termina por configurar un escenario de carestía insostenible que pone en jaque incluso los mecanismos financieros del gobierno. En este sentido, la presión de los precios obliga a que el esquema de bandas diseñado por el ministro Caputo para contener el valor del dólar oficial deba continuar su camino ascendente para evitar un retraso cambiario, retroalimentando así la espiral de aumentos generalizados que se traslada de inmediato a los productos de primera necesidad.
Pero más allá de las proyecciones técnicas, lo central es que esta situación representa un ataque directo y sistemático contra el bolsillo de quienes viven de su salario. Hoy sobrevivir se ha vuelto una tarea complicada frente a sueldos magros y paritarias inexistentes que dejan a los trabajadores muy por detrás de la inflación acumulada. Esta realidad choca de frente con las provocaciones de Javier Milei en su reciente discurso ante el Congreso, donde afirmó sin ningún tipo de vergüenza que los salarios han aumentado con la capacidad de cubrir el costo de vida, una declaración que se desmorona ante la evidencia de las consultoras y la experiencia cotidiana de las mayorías que ven sus ingresos licuarse frente a los precios que se encuentran en las góndolas.
Las consecuencias de este golpe al poder adquisitivo ya se reflejan con nitidez en las cuentas públicas, donde la caída en la recaudación del IVA funciona como una prueba irrefutable del enfriamiento económico. Con una baja real en este impuesto del 13,6% durante febrero, queda claro que la recesión no es un efecto secundario sino un resultado buscado de un plan que paraliza el consumo para intentar frenar los precios de manera artificial. La recaudación total cayó casi un 10% en términos reales durante el mes pasado, confirmando que la actividad económica se está hundiendo bajo el peso del ajuste salvaje y la falta de demanda interna provocada por la licuación de los ingresos.
Esta situación se agrava al considerar que el gobierno está agotando en apenas un trimestre la meta inflacionaria del 10,1% anual que había proyectado en el presupuesto nacional. Al sostener un número que hoy luce totalmente ficticio, el Poder Ejecutivo opera un recorte de hecho sobre las partidas destinadas a jubilaciones, salud y educación pública, cuyos montos se mantienen estáticos mientras los precios vuelan. Esta idea económica que publica el Palacio de Hacienda no es otra cosa que una transferencia brutal de recursos desde los sectores populares hacia el capital financiero y los sectores exportadores que hoy se benefician de la devaluación y los tarifazos.
La desesperación oficial por captar divisas también quedó expuesta en el reciente pedido de Caputo para que la población saque sus ahorros del colchón y los entregue al sistema bancario para financiar el modelo. Es el reconocimiento de que la lluvia de inversiones prometida no llegó y de que pretenden que sea el pequeño ahorro de las familias el que sostenga un esquema financiero al servicio de la especulación. Mientras el ministro habla de un escudo macroeconómico contra shocks externos, la realidad de la caída en los aportes a la seguridad social muestra una degradación del empleo formal y una precarización que se consolida como la única variable de ajuste del programa libertario.
Finalmente, el retroceso en los niveles de vida termina de completar el cuadro de una economía que se sostiene sobre la base de la exclusión y la pérdida de derechos históricos. Sin una respuesta organizada que detenga esta ofensiva, la inercia inflacionaria y el enfriamiento de la actividad seguirán empujando a millones de familias hacia la pobreza, mientras el gobierno intenta cubrir con cifras manipuladas y discursos agresivos lo que la realidad desmiente en cada supermercado del país.