Martín Menem en Diputados. Foto: Mariano Fuchila.
El pragmatismo legislativo se impuso este lunes en la Cámara de Diputados, ya que tras un breve intento por profundizar la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, el oficialismo resolvió retirar, horas después del envío, la iniciativa para evitar un revés político en el recinto.
La falta de respaldo suficiente, incluso entre sectores aliados, obligó al Gobierno de Javier Milei a recalcular su estrategia en una de las banderas más sensibles de su agenda de seguridad.
Ante la resistencia de los bloques dialoguistas, el Ejecutivo decidió reflotar el dictamen previo que fija el límite de edad en los 14 años para asegurar su avance parlamentario.
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En este sentido, fuentes legislativas confirmaron que la Libertad Avanza (LLA) volverá a trabajar sobre el dictamen de mayoría conseguido a fines del año pasado. Este texto, que cuenta con un umbral de imputabilidad de 14 años, es el que genera mayor cohesión entre los bloques «dialoguistas» y el oficialismo.
Respecto al factor político, la insistencia con los 13 años amenazaba con empantanar el debate y poner en riesgo el resto de los capítulos del nuevo régimen; mientras que al retomar el proyecto de 2025, el Gobierno aprovecha el camino ya recorrido en comisiones, evitando empezar la discusión desde cero.
A pesar de la modificación en la edad mínima, el núcleo de la reforma que se discutirá mantiene los pilares debatidos el año pasado:
- Penas diferenciadas para menores de edad.
- Programas de reinserción obligatorios.
- Ajustes en los plazos procesales para delitos graves.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo busca garantizar una victoria legislativa rápida, priorizando la aprobación de un nuevo marco legal sobre la ambición inicial de bajar la edad de imputabilidad a un límite que el Congreso no parecía dispuesto a convalidar en este ciclo 2026.
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