La temporada 2025 cerró con una postal poco habitual en Córdoba: menos incendios forestales visibles y una superficie afectada significativamente menor a la del año anterior. El dato, difundido por el Gobierno provincial, mostró que entre enero y octubre se quemaron 17.545 hectáreas, una cifra muy inferior a las más de 102 mil registradas en el mismo período de 2024. La reducción supera el 80% y, en términos comparativos, es una de las más pronunciadas de la última década.
El problema aparece cuando ese número empieza a operar como síntesis de la política ambiental. Para investigadores del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba, la baja estadística no alcanza para describir lo que ocurre en el territorio ni para afirmar que la provincia haya resuelto su conflicto histórico con el fuego. Como lo difundió recientemente UNCiencia.
Menos hectáreas quemadas, las mismas causas de siempre
En Córdoba, los incendios dejaron de ser un evento excepcional para convertirse en una amenaza recurrente. Esa normalización es uno de los principales riesgos. La discusión pública suele concentrarse en la magnitud de cada temporada —cuántas hectáreas se quemaron, cuántos focos hubo—, pero rara vez se detiene en los mecanismos que hacen posible que el problema se repita.
Desde el ámbito académico insisten en que la clave no está solo en la cantidad de fuego, sino en las condiciones que lo habilitan: degradación progresiva del bosque nativo, controles laxos, sanciones que no llegan y una presión constante sobre el suelo rural. En ese marco, un año con menos incendios no necesariamente implica un cambio de tendencia, sino una pausa dentro de un conflicto más amplio.
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El descenso general de la superficie incendiada no se traduce de la misma manera en toda la provincia. Las zonas del noroeste cordobés siguen concentrando los mayores niveles de vulnerabilidad ambiental y social. Allí, los incendios no solo afectan ecosistemas frágiles, sino también formas de vida ligadas al monte, al agua y a la producción rural a pequeña escala.
A esto se suma el impacto sobre áreas protegidas que, aun con distintas categorías de resguardo, continúan expuestas al avance del fuego. La pérdida de cobertura vegetal, la erosión del suelo y la alteración de cuencas hídricas generan daños que no se miden en hectáreas quemadas, pero condicionan el futuro del territorio.
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Cada incendio expone algo más que un problema ambiental. Revela tensiones entre intereses económicos, capacidades estatales y derechos colectivos. También muestra quiénes quedan en la primera línea del riesgo: comunidades rurales, brigadistas y organizaciones que enfrentan temporadas cada vez más exigentes con recursos limitados.
En ese sentido, el aporte de las universidades públicas y los organismos científicos resulta central: no para negar los datos oficiales, sino para complejizarlos, ponerlos en contexto y evitar que la estadística reemplace a la política ambiental. Porque el futuro del bosque nativo cordobés no se define solo por cuánto se quema en una temporada, sino por las decisiones que se toman cuando las llamas no están a la vista.