El texto establece que intendentes, secretarios, concejales en ejercicio, concejales electos antes de asumir y asesores políticos deberán realizarse controles toxicológicos al momento de asumir el cargo y cada seis meses durante el ejercicio de sus funciones.
Los análisis incluirán estudios de sangre, orina y cabello para detectar el consumo de sustancias psicoactivas o estupefacientes. La Secretaría de Salud Municipal será la autoridad de aplicación y trabajará en convenio con la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, que actuará como organismo de contralor y veedor.
El proyecto también contempla la posibilidad de que un funcionario en tratamiento médico declare previamente su situación mediante una declaración jurada, resguardando la confidencialidad del procedimiento. En caso de resultados positivos, la información será de carácter estrictamente confidencial y solo se comunicará al área administrativa correspondiente para la aplicación de las sanciones previstas.
Asimismo, si los resultados del período son negativos, los informes serán publicados en los sitios web del municipio y del Concejo Deliberante como parte de una política de transparencia activa.
El proyecto de Bassan prevé que un resultado positivo o una negativa injustificada a realizar el examen sea considerada falta grave, pasible de sanciones administrativas. Además, el funcionario afectado podrá solicitar una contraprueba a su cargo.
“Los servidores públicos deben ser ejemplo de conducta y transparencia. Este tipo de medidas no son punitivas, sino preventivas, para fortalecer la confianza de la ciudadanía en quienes ocupan cargos públicos”, explicaron desde el espacio socialista.
La propuesta será tratada en las próximas sesiones del Honorable Concejo Municipal de San Lorenzo y busca abrir un debate sobre la responsabilidad ética de quienes ejercen funciones de representación política.