El femicidio de Rosa Gabriela Villagra, ocurrido el martes pasado en el barrio Loyola, en el norte de la ciudad de Santa Fe, conmocionó a la localidad. La mujer, de 45 años, fue asesinada a puñaladas en su vivienda. La Policía logró detener al principal sospechoso: su ex pareja, quien ya tenía denuncias previas por violencia de género y una orden de restricción. Un día antes, otra mujer sobrevivió a un femicidio en la zona del macrocentro.
La familia de Rosa contó a los medios que ella ya había sido amenazada y golpeada reiteradas veces por el agresor. “Él siempre la golpeaba, la amenazaba con prenderla fuego. Ella volvía con él por miedo”, contaron.
Lo dicho muestra, una vez más, que los crímenes de mujeres no son hechos aislados. Hay amenazas, hay violencia psicológica, hay violencia física que socava las posibilidades de pedir ayuda a la vez que se vuelve cotidiana. Por eso son necesarias las políticas de acompañamiento. Por eso se vuelven peligrosos los discursos que avalan que las mujeres y personas del colectivo LGBT sean estigmatizados, maltratados, menospreciados.
El observatorio de violencias Mercedes Pagnutti registró 13 femicidios en Rosario, desde que comenzó el año; mientras que suman 23 los relevados en toda la provincia, hasta el 31 de agosto pasado. Entre enero y julio, fueron cometidos 179 femicidios, trans/travesticidios y lesbicidios en todo el territorio nacional. Como consecuencia, 79 niñeces y adolescencias quedaron sin madre.
Según la Federación Argentina LGBT (Falgbt), en los primeros seis meses de este año, ocurrieron 102 crímenes de odio en todo el país, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia hacia ellas.
“El cupo laboral trans ha desaparecido, lxs compañerxs han sido las primeras personas en ser despedidas, no existen para estos gobiernos neoliberales y fascistas como sujetos de derecho. El aumento de crímenes de odio tiene esa matriz”, explica la militante feminista Nidia Kreig. Y agrega: “Nuestras vidas no son una prioridad para estos gobiernos. Nos están matando de manera lenta y trágica”.
“Para la lucha contra una cultura sin violencia de género se requieren políticas, recursos”, enfatiza Loyola, presidenta de la Asociación Civil Generar, de Santa Fe. Desde el movimiento feminista reclaman la emergencia en violencia de género, lo que implica más políticas y más presupuesto.
Movilización feminista: ninguna agresión sin respuesta
El mismo martes, cuando se conoció el femicidio de Rosa, la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe comenzó a organizar una manifestación. Esa misma tarde llevó a cabo una marcha de antorchas para exigir acciones urgentes por parte del Estado. La concentración comenzó frente a la Municipalidad y culminó en la Casa de Gobierno, bajo las consignas “Ni una menos” y “Vivas y libres nos queremos”. Reclamaron, además, la declaración de la emergencia en violencia de género a nivel nacional y provincial.
Las integrantes de la Asamblea denunciaron la falta de políticas públicas efectivas y reclamaron una reacción inmediata de los gobiernos nacional, municipal y provincial para prevenir y frenar la violencia de género.
Este martes 28, convocaron a una nueva Asamblea para definir acciones a seguir. Kreig afirma que seguirán el camino que los feminismos ya conocen: “Organizarnos para denunciar y exigir pero también para proponer”.
De la violencia simbólica a la violencia física
Loyola es presidenta de la Asociación Civil Generar, que acompaña a mujeres en situaciones de violencia de género. En diálogo con El Ciudadano, explica que hay un contexto de naturalización (de la violencia de género) debido a los discursos que se vienen instalando, sobre todo desde los niveles superiores del gobierno. Ejemplifica: “Tenemos un presidente que dice que hay que sacar la figura del femicidio del Código Penal y una ministra de Seguridad que afirma que el femicidio es responsabilidad de las feministas”.
La violencia de género es estructural, está basada en la forma en la que nos relacionamos cotidianamente, en lo que vemos en la televisión o en las redes, en la música que escuchamos, en los chistes que hacemos y escuchamos, en lo que aprendemos en la escuela. Kreig suma: “Está basada en una desigualdad de poder de género, económica, cultural, social, laboral y simbólica”.
Ante el contexto de crisis económica que vive Argentina, advierte: “El hambre también es violencia de género porque las mujeres se ven obligadas a reforzar el trabajo de cuidado gratuito, el familiar y el comunitario. El avasallamiento de los derechos laborales es violencia de género”, apunta. Al respecto señala: “Una docente en esta provincia, si pide licencia por maternidad, pierde el premio por presentismo, lo que gravita en un salario miserable”.
También marca: “Hay un discurso donde vos sos responsable de lo que te pasa. Si tenés una discapacidad es tu problema, si sos vieja y no tenes para los medicamentos es tu problema, si te quedas en la calle porque no podes pagar un alquiler es tu problema, si sos travesti o trans y no te emplean es tu problema: ahí tenes la esquina para prostituirte. Todas las violencias se exacerban cuando hay un Estado presente para endeudarnos, reprimirnos y matarnos de hambre pero ausente para cumplir con sus obligaciones legales”.
“Las transformaciones culturales son muy complejas, tiene que haber mucha decisión de transformar”, puntualiza Loyola. Agrega, además, la importancia del primer nivel de atención en casos de violencia de género, nivel correspondiente a las municipalidades. Y plantea la importancia de que en los distritos municipales existan espacios específicos, con equipos interdisciplinarios, que lleven un registro de cuántas mujeres hay con medida de distancia, que las visiten para saber cómo están, qué necesitan.
“Cuando una mujer toma la difícil decisión de cortar el vínculo con el agresor, encuentra un recorrido tan complejo y está sola ante todo eso. Entonces está todo en contra de que pueda romper el círculo de la violencia”, explica.
En el mismo sentido, Kreig cuestiona: “El Estado cree que porque le dan un botón de pánico a una mujer cuya vida está en riesgo ya cumplieron, y ahí la dejan a merced del violento. Dan una orden de restricción y ya está, bajemos la ventanilla de la oficina, terminó el horario laboral”.
Y asegura: “Hoy, si no fuera por las organizaciones territoriales, no habría dónde recurrir. Si no hay comida, se va a los comedores comunitarios donde las compañeras rascan la olla para que alcance para darle de comer a todos. Han delegado en nosotras todo el cuidado, el cuidarnos entre nosotras”.
Sin presupuesto ni decisión política
Loyola y Kreig marcan el achicamiento y el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a sostener espacios específicos para luchar contra la violencia machista. Ponen como ejemplo el programa nacional Acompañar, que brindaba apoyo económico a aquellas mujeres que estaban terminando una relación violenta para sostenerse e iniciar un proyecto de vida autónomo.
Loyola alude también al desfinanciamiento de la Línea telefónica 144 de atención a víctimas de violencia de género y de la Línea 145, donde se reciben denuncias de trata de personas.
En la provincia también se vive el achicamiento. La transformación del Ministerio de las Mujeres en Secretaría de Género implicó recortes en el presupuesto asignado al área. En la Municipalidad de la capital provincial, la situación no es distinta.
La marcha que se hizo el mismo día del femicidio de Rosa Villagra inició en la Municipalidad para denunciar “la deficiencia de recursos que tiene que tiene el primer nivel de atención”. “La gente del equipo de la Municipalidad de Santa Fe está precarizada. No hay equipos en todo el territorio. El intendente (Juan Pablo Poletti) dijo que estaba dolido, pero en vez de estar dolido debería poner los recursos que tiene que poner”, cuestiona Loyola.
Y agrega: “La Ley Provincial 13.348 marca todo lo que hay que hacer, pero para eso faltan recursos”
Kreig agrega: “Las organizaciones territoriales que tratan de asistir a las víctimas están desbordadas, sin un peso”. Y describe “la sensación de desamparo que se siente porque desde el Estado se niega la existencia de la violencia de género”.
Las militantes coinciden en que la mejor herramienta para desmantelar la violencia patriarcal desde temprano es la educación sexual integral y la necesidad de implementarla y otorgarle presupuesto. En cuanto a la Ley Micaela, Loyola advierte que actualmente es un “trámite” que se realiza en el marco del Estado, sin capacitar en profundidad a las y los agentes estatales acerca de los componentes de la violencia de género.
“Esto es una cuestión de decisión política, de política públicas y que la única forma es con recursos y con trabajo, con la decisión política de hacer cambios y acompañar a las mujeres en el territorio”, concluye.