Los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza solicitaron que los ocho acusados por la privación ilegal de la libertad, tortura y asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi permanezcan detenidos en cárceles bonaerenses o federales. La causa apunta a una organización narcocriminal con vínculos internacionales y planificación estratégica detrás del brutal triple femicidio.
En las últimas horas se conocieron novedades en la línea investigativa de la causa del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela. Los fiscales solicitaron la prisión preventiva para los ocho imputados acusados de privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio en un contexto de violencia de género contra Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.
Las víctimas, de 20 y 15 años, fueron engañadas y trasladadas entre el 19 y 20 de septiembre a una vivienda ubicada en la calle Chañar al 700, en Villa Vaettone. Allí fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas, algunas heridas antes de morir y otras después, en lo que se presume fue una venganza vinculada al robo de decenas de kilos de cocaína, de acuerdo a lo que precisó Infobae.
Por ejemplo, a Lara le cortaron las cinco falanges de la mano izquierda antes de matarla, y Morena, estrangulada, presentaba lesiones post mortem en distintas partes del cuerpo. Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli sospechan que el triple crimen podría haber sido ordenado desde Perú.
En paralelo, los investigadores pidieron al juzgado de garantías que declinara su competencia a favor del Juzgado Federal con asiento en Morón que corresponda por turno, según indicaron en un documento de 250 páginas. El expediente, que ya supera las 1.500 fojas e incluye allanamientos, autopsias y pericias telefónicas, llevó a los fiscales a considerar que el hecho se encuentra esclarecido a poco más de un mes de cometido.
Ahora, se continúa investigando la estructura narco que habría ordenado el ataque, un planteo realizado también por los abogados querellantes de las familias, como Diego Storto y Fernando Burlando, que los fiscales califican de “persecución penal estratégica”.
Los ocho imputados actualmente detenidos son Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú y señalado como mano derecha de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, quien espera su extradición en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 km de Lima.
Todos los acusados enfrentan cargos que van desde el triple homicidio agravado con premeditación, alevosía y ensañamiento, hasta la privación ilegal de la libertad y encubrimiento agravado.
Solo las mujeres imputadas no recibieron cargos por violencia de género.
Por otro lado, los peruanos Alex Ydone Castillo, David González Huamani y Manuel Valverde Rodríguez continúan prófugos, con circulares rojas de Interpol en su contra.
Los fiscales detallaron que los acusados actuaron con “convergencia intencional, planificada y segura”, atacando a Brenda, Morena y Lara con golpes, patadas y objetos punzocortantes de manera deliberada e inhumana, con el fin de ocultar un delito previo.
Sobre el pase al fuero federal, la UFI de Homicidios señaló que estos homicidios no fueron hechos aislados, sino que forman parte de la actividad de una organización narcocriminal estructurada, con jerarquías, división de tareas y planificación, operando a nivel multiterritorial y con comunicación en tiempo real durante las agresiones mediante videollamadas a personas de nacionalidad peruana, identificadas como “Papa” y “Lima”, según declaró Celeste González Guerrero.
Un cruce de información con la Policía de Perú permitió a los fiscales identificar a dos presuntos traficantes que habrían ordenado el triple femicidio desde Trujillo, lugar de origen de la familia de “Pequeño J” y de nacimiento de Miguel Ángel Villanueva Silva.
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