Un procedimiento llevado adelante el pasado miércoles en un predio ubicado en la zona de la costa constató que, al menos 40 personas, eran explotadas laboralmente. Ciudadanos oriundos del Chaco eran los más exigidos por el dueño del emprendimiento, relacionado con empresarios conocidos del rubro logístico en la región
Héctor Galiano / Zona Crítica
La Policía de Investigaciones (PDI) allanó por orden del Fiscal Federal Walter Rodríguez un predio ubicado en el kilómetro 18 sobre la ruta provincial 1 en donde se explotaba una plantación de frutilla. El Fiscal se constituyó en el lugar para supervisar las tareas de los pesquisas que trabajaron durante 15 días con sigilo para poder garantizar resultados.
En el predio había cerca de 40 personas trabajando en la producción de frutilla, de las cuales alrededor de 30 eran oriundas de la provincia del Chaco. El titular del lugar, Franco P. quedó detenido a la espera de la realización de la audiencia imputativa, prevista para este sábado a las 9.30.
El lugar estaba divido en dos lotes de producción, de acuerdo a lo que pudo saber Zona Critica. Del total de trabajadores explotados, treinta hacían diversas tareas, desde “arrancar yuyos y malezas” para preparar las siembra; quienes preparaban los plantines; y los recolectores. El dueño del lugar pagaba entre 600 y 700 pesos por cajón recogido o $ 2500 la hora. La jornada comenzaba a las 4 de la mañana, se cortaba a las 10 y media para almorzar y se retomaba a las 2 de la tarde hasta entrada la noche. Entre las personas explotadas había una menor de edad.
El dueño captada a los trabajadores golondrinas, la mayoría de ellos chaqueños, ofreciéndoles el pago del pasaje hasta Santa Fe y un lugar con “cocina, garrafa y cama”. Cuando empezaban a trabajar en el lugar se les descontaba el costo del pasaje en las primeras pagas, que por supuesto eran “en negro”.
En el lugar, la policía secuestró 1 monitor marca Samsung, 1 CPU marca CX Intel i5, 1 mouse genérico con teclado, 1 DVR, 1 iPhone 16, varias carpetas, cuadernos, agendas, chequeras, contratos, remitos y documentación contable, 1 camioneta VW Amarok, 6 teléfonos celulares, 1 bolsa con papeles varios, 1 escopeta calibre 16., 1 revólver calibre 32, 33 cartuchos calibre 32, 2 aire comprimido 5,½, 1 escopeta 12/70, 65 cartuchos calibre 12/70, 1 revólver calibre 22 en desuso, 132 cartuchos calibre 22, 1 frasco con cogollos de marihuana, U$D 4.205, 1 cargador 22 mm largo con 6 cartuchos, 60 cartuchos escopeta negros, 89 cartuchos escopeta naranja, perdigones, tacos de recarga, 1 pistola de bengalas con 3 cartuchos, 11 aire comprimido número . 498, 1 carabina Rubí Extra M.R cal.22 con cargador, 1 aire comprimido, 1 pistola Bersa 9 mm con 17 cartuchos en cargador, 27 remeras color gris y $10.034.250.
No todas las personas pernoctaban en el predio, sólo los que venían de otras localidades, como los chaqueños. Pero a todos los exigían comprar insumos en una despensa ubicada en la ruta provincial 1 a pocos metros del emprendimiento de frutillas. El almacén es propiedad de los dueños de los campos frutilleros. Todo quedaba en el mismo circuito económico.
Denuncia y trabajo silencioso
Tres ciudadanos que llegaron del Chaco en agosto tuvieron una discusión con uno de los capataces del campo a mediados de septiembre. El problema radicaba en que se les pagó menos de lo que acordado al final de una larga jornada. La situación enojó a los cosecheros y enfrentaron al dueño, quien se mantuvo en su postura de abonar menos de lo convenido, supuestamente porque los hombres no habían tenido un buen rendimiento.
Los chaqueños hacieron la denuncia al servicio 911 el 18 de septiembre pasado desde adentro del predio. Luego fueron despedidos. El dueño se negó a pagarles un pasaje hasta la terminal de Santa Fe para volver al Chaco, por lo que los hombres emprendieron a pie el camino entre el Kilómetro 18 de la ruta 1 y la zona de Candioti en la capital santafesina. En el camino, pararon en la Seccional 20 ubicada en Rincón para ratificar la denuncia. Esa información se filtró en algunos medios –por ejemplo El Litoral, que publicó la situación de explotación en la versión web, pero luego la retiró – y la Unidad de Trata de Personas tomó el caso, lo comunicó a la justicia federal y comenzaron las averiguaciones para confirmar la noticia difundida. Entre el anoticiamiento y el allanamiento se llevaron adelantes acciones importantes investigativas que serán ventiladas en la audiencia imputativa que se llevará a cabo este sábado a las 9. 30.