En los últimos 5 días, TGS —la transportadora de gas controlada por Pampa Energía, GPI (Grupo Sielecki) y PCT (Grupo Safra)— festejó por partida doble, tras haber consolidado su permanencia en el negocio hasta 2047 y quedar a un paso de adjudicarse la primera iniciativa privada de la gestión libertaria donde está en juego una inversión de u$s700 millones que se repagará con recargos tarifarios a los hogares, comercios e industrias.
Por medio del decreto 495/25, el Gobierno de Javier Milei dio el puntapié inicial a una serie de prórrogas contractuales de gasíferas privadas que tiene en carpeta con la extensión a TGS de su licencia de transportadora por décadas más a partir de diciembre de 2027.
TGS se asegura inversiones hasta 2047 y se hará cargo de parte del gasoducto
La empresa —que cuenta con una red de casi 9.300 kilómetros de gasoductos y 33 plantas compresoras que transportan el 60% del gas consumido en el país— había solicitado la ampliación de su contrato de concesión en setiembre de 2023 por el plazo de 10 años que preveía el marco regulatorio del sector gasífero.
La aprobación de ley Bases y los cambios reglamentarios que implementó la administración mileísta le permitió a la transportadora acceder a una prórroga mayor de 20 años a contar desde el último mes de 2027, fecha en que expira su contrato original que viene de la época menemista.
El proceso administrativo que derivó en la renovación anticipada de su licencia para seguir operando su red de gasoductos incluyó la realización de una audiencia pública que llevó adelante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a fines de octubre del año pasado para evaluar el desempeño y accionar operativo que tuvo TGS en los últimos 28 años como prestadora del servicio de transporte de gas.
En esa instancia, la empresa demostró que había logrado cumplir con las inversiones obligatorias que tenía a su cargo, que las multas recibidas nunca llegaron a superar el 5% de su facturación y que no registró fallas ni cortes del servicio que hayan superado los parámetros técnicos exigidos por las normas vigentes.
El decreto de extensión contractual puso como condición que TGS —que también tiene a su cargo la operación y mantenimiento del tramo Tratayén – Salliqueló del nuevo gasoducto troncal ahora denominado Perito Moreno— debía renunciar a cualquier demanda judicial por reclamos tarifarios y económicos que tuviera en curso contra el Estado nacional.
La empresa ya había logrado mejorar significativamente su situación en abril de este año con la aprobación de la «Revisión Tarifaria Quinquenal» que estableció un esquema gradual de ajustes reales de tarifas destinado a afrontar el plan de inversiones que debe ejecutar en el período 2025-2029.
La única oferente se hará cargo de la primera obra del Gobierno en Vaca Muerta
El segundo motivo de celebración que tuvo TGS en las últimas horas provino del hecho ser la única oferente que se presentó en la licitación de las obras de ampliación del gasoducto Perito Moreno, bajo el marco de una «iniciativa privada» que había promovido el año pasado.
Las obras en juego contemplan la «ejecución y financiamiento de la ampliación del gasoducto por 14 millones de metros cúbicos diarios (MM3D) y el derecho a llevar adelante una ampliación adicional de hasta 6 MM3D más la operación y mantenimiento de ambas infraestructuras».
La inversión asociada al proyecto trepa a un total de u$s700 millones con un plazo de ejecución de dos años. Las obras propuestas apuntan a dotar de confiabilidad al suministro interno y sustituir importaciones de GNL y gasoil con gas proveniente de Vaca Muerta.
El proyecto está estructurado sobre dos bases regulatorias. La primera se encuadra dentro del régimen de iniciativa privada y abarca la mayor parte de las obras e inversiones por un total de u$s500 millones. El segundo componente corresponde a un paquete de obras y mejoras que deberá ejecutar TGS dentro de sus obligaciones contractuales con una inversión complementaria de u$s200 millones.
En ambos casos, las obras las terminarán repagando los usuarios residenciales, comercios e industrias con una mayor carga tarifaria y las petroleras que utilicen el gasoducto para exportar a Brasil y alimentar las futuras plantas de GNL que despacharán sus producciones a mercados externos.
Técnicamente, el proyecto consiste en la ampliación del gasoducto que une las localidades de Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) y la instalación de cinco plantas compresoras que permitirán elevar la capacidad de transporte actual de 21 MM3D a 35 MM3D en un plazo inferior a dos años.
Si se cumplen los cálculos incluidos en la iniciativa privada que hizo suyos el Gobierno, la ampliación del gasoducto «permitirá sustituir significativamente las importaciones de GNL y combustibles líquidos destinadas a las generadoras eléctricas durante los 100 días invernales de alta demanda y aportarán un beneficio en la balanza comercial de más de u$s700 millones anuales junto con un ahorro fiscal del orden de los u$s 567 millones».
Polémica por una tarifa medida en dólares
El proceso licitatorio que lleva adelante la estatal Enarsa quedó en la mira tras una reciente denuncia administrativa «irregularidad e ilegitimidad» presentada por el exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello.
La denuncia puso sobre el tapete la inclusión de una cláusula de revisión y redeterminación de la tarifa de transporte basada en el índice PPI (Producer Price Index) de Estados Unidos, que podrá cobrar el ganador de la licitación.
La presentación de Martello —actual Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires— destacó que «esta medida implicaría una eventual inconstitucionalidad y una violación del principio de legalidad derivada de la utilización de índices extranjeros como mecanismo de ajuste en contratos celebrados bajo el régimen de derecho público».
Para el ex titular del ENRE, el mecanismo de ajuste basado en el PPI «carecería de una justificación técnico-económica suficiente que permita compatibilizarlo con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad; especialmente en relación con los usuarios residenciales, quienes podrían ser alcanzados por traslados de costos derivados del mismo ante fluctuaciones inesperadas de un índice extranjero que no posee un correlato directo con los costos nacionales de la industria del gas».
Según la denuncia elevada a la secretaria de Energía, María Tettamanti, «la incorporación del índice PPI en dólares como mecanismo de ajuste contractual en el pliego de bases y condiciones, constituye una cláusula incompatible con la legislación vigente porque se trata de un índice extranjero sin habilitación legal expresa y porque la indexación en moneda extranjera se encuentra prohibida por normas de orden público económico».