En el marco del cumplimiento de su prisión domiciliaria, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un pedido a la Justicia para poder ampliar la lista de personas autorizadas a visitarla en el departamento donde vive en el barrio porteño de Constitución. Pero la solicitud fue rechazada por el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En particular, el abogado defensor de la expresidenta, Carlos Beraldi, presentó una revocatoria contra las restricciones que se le impusieron para recibir visitas en su casa. Pidieron que se revise las condiciones que pesan sobre el régimen de visitas, que, según aseguran, no fue ni es tan severo para los represores de la última dictadura, quienes por su edad avanzada también cumplen su condena domiciliaria.
Además, la defensa de Cristina presentó en los tribunales de Comodoro Py una lista de personas que pretendía recibir en su departamento de San José 1111. El abogado defensor pidió expresamente que la composición del listado se mantenga bajo reserva. Lo único es que pudo saber es que dentro de ese grupo se encuentran familiares, médicos, custodios y abogados, entre otros.
Qué dijo la Justicia sobre el pedido de Cristina y el «castigo extra»
Frente al pedido de la defensa de Cristina, el Tribunal Oral Federal N° 2 alegó que este recurso «exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta que se estableció en el resolutorio del pasado 16 de junio», día en el que comenzó a cumplir su condena.
Además, desde el tribunal integrado por Gorini, Giménez Uriburu y Basso expresaron que, en referencia a la solicitud de Cristina, esta “no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados”.
El argumento de los defensores de la Kirchner se centra en que «no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad».
En ese sentido, en sus redes sociales Cristina calificó a las condiciones impuesta por el tribunal como “un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie”, y que además es “violatorio» de sus «más elementales derechos civiles”.
Además, otro de los abogados de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, aseguró que el régimen de visitas es “un castigo extra”: “A los genocidas los puede visitar cualquiera, ¿pero a Cristina si un presidente como Lula Da Silva quiere visitarla le tiene que preguntar al tribunal?”, cuestionó el abogado en diálogo con Infobae
Frente al rechazo del tribunal, la expresidenta puede apelar a una instancia mayor, la Cámara Federal de Casación Penal.