La Corte Suprema de Justicia desestimó el pedido presentado por los abogados del Correo Argentino, perteneciente al Grupo Macri, que pretendían apartar a los jueces encargados de la causa que se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py. El expediente investiga un posible fraude al Estado relacionado con el acuerdo de pago de deudas de la empresa.
La causa, bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, analiza presuntas irregularidades en el convenio firmado por Correo Argentino para saldar sus obligaciones con el Estado nacional, en el marco del proceso concursal de la compañía.
Entre los imputados figuran el exministro de Comunicaciones y Defensa, Oscar Aguad, y varios ejecutivos vinculados a la firma de la familia Macri. Aunque el expresidente Mauricio Macri no fue imputado en el expediente, siempre mantuvo preocupación por la posibilidad de que la investigación alcanzara a sus hijos, quienes en su momento formaban parte del directorio de la empresa.
En este contexto, tanto el presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, como el apoderado legal de la compañía, Jaime Kleidermacher, ambos también investigados en el proceso penal, recurrieron a la Corte con el objetivo de apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Cámara Federal porteña, con la excusa de un «temor de parcialidad«.
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Los argumentos
Los responsables de Correo Argentino S.A. objetaron la imparcialidad del juez Eduardo Farah. Argumentaron que fue uno de los magistrados que denunció presiones durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de haber dictado la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En cuanto al juez Roberto Boico, los fundamentos del pedido de recusación se basaron en su actuación previa como abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner y de Oscar Parrilli en el expediente del Memorándum con Irán, causa en la que se procesó y envió a juicio a la exmandataria por encubrimiento agravado del atentado a la AMIA.
Los letrados de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher sostuvieron que ambos magistrados mantienen “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia” ellos.
En esa misma línea, los abogados de Correo Argentino calificaron a la causa, radicada desde 2017 en el juzgado federal de Ariel Lijo, como un expediente que «posee un claro contenido político, con la pretensión de poner de rodillas a Mauricio Macri«.
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El rechazo del planteo
El pedido de apartamiento fue rechazado por la Cámara Federal, y tras la apelación correspondiente, el planteo fue analizado por el juez Javier Carbajo, del máximo tribunal penal, quien en una resolución individual ratificó la decisión anterior.
En su fallo, sostuvo: “La defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado”.
Mediante un recurso de queja, los abogados recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. Allí, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo, al considerar que “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
En la causa, la acusación sostiene que el acuerdo alcanzado en 2016 entre el gobierno de entonces —encabezado por Mauricio Macri— y la empresa para salir del concurso de acreedores, era perjudicial para el Estado.
El convenio, que nunca fue homologado judicialmente, preveía que el Grupo Macri abonara una suma de 300 millones de pesos en un plazo de 15 años, con una tasa de interés del 7%. Esto implicaba una condonación del 98,87% del monto total adeudado.
El caso continúa en manos del juez federal Ariel Lijo. La última medida probatoria fue dispuesta en 2019 por la Cámara Federal porteña, que ordenó una pericia contable para determinar el valor del crédito que el Estado tenía verificado en el concurso de la empresa hasta junio de 2016.
También se requirió información técnica sobre los criterios a emplear para calcular los intereses que ese crédito habría devengado hasta la fecha de la audiencia realizada el 28 de junio de 2016.
Como parte de esa misma resolución, el juez Lijo solicitó que se comparara “el valor del crédito del Estado con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino SA y aceptada por los representantes del Estado Nacional”, con el objetivo de establecer si existió una quita y, de ser así, calcular su magnitud.