La SIP advirtió que la Ley de Inteligencia pone en riesgo la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la reciente Ley de Inteligencia aprobada en Ecuador. Desde su sede en Miami, la organización advirtió que esta legislación podría convertirse en un instrumento de control sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

La ley fue promulgada tras su aprobación en la Asamblea Nacional el 10 de junio, y ha suscitado inquietudes por permitir la interceptación de comunicaciones sin orden judicial. Además, obliga a las operadoras de telecomunicaciones a entregar datos detallados de sus usuarios, lo que genera temores sobre vigilancia indiscriminada.

Según el artículo 51 de la norma, las empresas deberán facilitar desde información histórica hasta localización en tiempo real de usuarios, lo cual, según la SIP, podría intimidar a periodistas y promover la autocensura. José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó este aspecto como “una amenaza directa a la privacidad y protección de fuentes periodísticas”.

Martha Ramos, titular de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, advirtió que estas medidas pueden usarse para perseguir a quienes critican al poder o investigan casos de interés público. La organización también recordó que Ecuador firmó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, comprometiéndose a respetar los principios democráticos y el libre ejercicio del periodismo.

La Declaración de Salta II establece que solo debe admitirse la vigilancia digital bajo orden judicial y fines legítimos enmarcados en tratados de derechos humanos. La vigilancia masiva, según este documento, “no es aceptable en ningún caso”, subrayando que las personas deben tener acceso y control sobre sus datos.

El reglamento para implementar esta ley estará listo en diciembre, pero ya diversas voces del sector mediático y de derechos civiles piden revisar sus alcances. El debate continúa mientras crece la preocupación de que medidas de seguridad nacional se conviertan en herramientas de censura.

La SIP insta a las autoridades a garantizar la transparencia y limitar cualquier intento de socavar la libertad de prensa. El uso de tecnología para la seguridad no puede justificar la erosión de los derechos fundamentales en una democracia.