¿Puede Cristina Kirchner salir al balcón? ¿Puede solicitar personal doméstico? Y sus secretarios privados, ¿dejarán de trabajar para ella? ¿Puede dar entrevistas periodísticas? Son algunas de las preguntas más recurrentes que rodean la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ordenó que la ex vicepresidenta cumpla la condena por corrupción del caso Vialidad en su domicilio, que cuenta con reglas de cumplimiento.
Cada tres meses, el TOF 2 integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso recibirá un informe de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que supervisa la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.
Las reglas impuestas incluyen restricciones respecto a las personas que podrán visitarla. Se exigió un listado de familiares, médicos, abogados y custodios. Quienes no estén incluidos en esas categorías requerirán de la autorización del Tribunal.
El detalle requerido por los magistrados es acotado y dejó afuera a un grupo de personas que rodean a Cristina Kirchner hace décadas: sus secretarios privados.
Si la ex vicepresidenta pretende darle continuidad a las labores de sus secretarios, deberá pedir autorización a los jueces, sin perder de vista un dato central: ya no podrá mantener ninguna agenda fuera de su domicilio.
La ex Jefa de Estado, acusada de haber cometido hechos de corrupción cuando era la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, generando un perjuicio al Estado de 85.000 millones de pesos, está presa en su casa y deberá cumplir allí seis años de pena. Recién cuando cumpla dos tercios de esa condena –dentro de cuatro años– podrá solicitar la libertad condicional.
¿Y si Cristina Kirchner quisiera tener personal doméstico? En el departamento de más de 160 metros cuadrados vive sola, según consignó en la entrevista socio ambiental, pero en caso de requerir ayuda para el mantenimiento de la vivienda, también deberá pedir permiso al Tribunal.
¿Por qué el TOF 2 le concedió la morigeración de la pena a Cristina? En esencia por un tema de seguridad que deberá primar en todas las autorizaciones que firme el Tribunal respecto a visitas. La medida será monitoreada por un dispositivo electrónico.
La tobillera electrónica fue pedido por los fiscal Diego Luciani y Sergio Mola, algo que tuvo en consideración el Tribunal. Pero además dijo que la medida se adopta también porque “no se acreditaron razones de salud que justifiquen una decisión excepcional sobre este punto.»
Los jueces dijeron que “la combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional -aislamiento- conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y los fines resocializadores de la pena”.