El gobierno nacional elabora un decreto para modificar la Ley de Glaciares (26.639) con el objetivo de habilitar actividades industriales, mineras y de exploración hidrocarburífera en zonas periglaciares. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía, plantea restringir la protección únicamente a glaciares activos de más de una hectárea que cumplan funciones hídricas y estén registrados en el Inventario Nacional de Glaciares.
El Ejecutivo sostiene que se mantendrán controles ambientales y que se dará más autonomía a las provincias, aunque la iniciativa ya había sido descartada del proyecto de Ley Bases por falta de consenso político.
Organismos internacionales, como la ONU, expresaron su preocupación. En febrero de 2024, cinco relatores calificaron la propuesta como «regresiva» y advirtieron sobre sus posibles impactos ambientales y sobre los defensores de los ecosistemas de montaña.