Ocho personas aceptaron penas de tres a seis años y medio de cárcel como miembros de una asociación ilícita liderada por el narco Julio Rodríguez Granthon, conocido como “Peruano”. Las condenas fueron resueltas en un procedimiento abreviado acordado entre el fiscal Pablo Socca y los defensores de los imputados que el martes homologó el juez Mariano Aliau.
Así se resolvieron las imputaciones para parte de una banda por la cual a finales de 2022 fueron detenidas alrededor de veinte personas acusadas de haber participado de violentos delitos vinculados con el narcomenudeo en barrios de las zonas norte, sur y oeste de Rosario, así como en Arroyo Seco y Funes. Muchos de esos acusados también han sido imputados en otras causas o se encuentran cumpliendo condenas por otros hechos, en algunos casos junto con el Peruano, quien cumple dos sentencia por narcotráfico y otra a prisión perpetua como coautor del crimen del pastor y ex concejal Eduardo Trasante.
Condenas
Según confirmaron desde la Fiscalía Regional 2 de Rosario, Marcos Nicolás de la Fuente aceptó una pena de tres años y medio meses de prisión que se unifica con otra anterior en cuatro años y seis meses. La misma pena aceptaron Noel Ramos y Pablo Pascua, aunque para éste último se unificó en ocho años.
Silvina Gauna acordó tres años y un mes que se unificó en nueve años y ocho meses. Jorge Pérez aceptó seis años de cárcel que se unificaron con una condena anterior en ocho años. En este caso la condena, además de integrar la asociación ilícita, incluye un intento de extorsión a mano armada. La misma pena acordó Alexis Coronel por los mismos delitos. Luis Lallana admitió tres años de cárcel por asociación ilícita y encubrimiento consumado en calidad de autor.
Por su parte Brian Villalba aceptó una pena de 6 años y 6 meses de prisión que se unificó a la pena definitiva de 25 años de cárcel efectiva como jefe de asociación ilícita.
La banda
A fines de 2022 el fiscal Socca imputó a 19 de los miembros de la organización a partir de actos de violencia desplegados en el marco de sus actividades narco. Tal como otras bandas similares, se les atribuyeron a esos actos la finalidad de apropiarse de territorios para desarrollar sus ilícitos sin competidores y también doblegar a personas que mantenían deudas con la agrupación, para obligarlas a pagar y de paso sembrar temor entre vecinos sino también en el resto de la ciudad.
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En ese momento se fijó el funcionamiento de la organización en un período situado entre enero de 2022 y diciembre de ese año, cuando detuvieron a varios de los miembros que aún se encontraban en libertad.
Roles
Al momento de describir las actividades de la banda, el fiscal atribuyó distintos roles. A Villalba lo ubicó como jefe de los sicarios de la organización, con comunicación permanente con el Peruano para orquestar, por ejemplo, los ataques a tiros contra domicilios. También se encargaba de los pagos a los gatilleros.
Silvina Gauna estaba a cargo de la venta de drogas en barrio Las Flores, así como de la guarda de armas de fuego, municiones y los vehículos que se empleaban en las operaciones de la banda. También administraba parte del dinero ingresado por la actividad criminal.
A Jorge Pérez también se lo acusó de integrar la “sección armada” de la organización, con un “rol fundamental en la ejecución de actos de violencia” que le ordenaban sus líderes. En ese marco también se le imputó haber participado de una serie de balaceras extorsivas contra una persona que estaba en su casa de la zona sudoeste, bajo las órdenes que Villalba les impartía a los tiradores en función de las directiva que recibía por parte del Peruano desde la cárcel federal de Ezeiza. En este caso, las acciones estaban orientadas a cobrar una deuda de 150 mil dólares contraída por un familiar de la víctima y de los hechos también participaron Noel Ramos, Alexis Coronel y Mauro R.
Por su parte Pascua fue situado como referente de la banda en Arroyo Seco a partir de un vínculo directo con el Peruano, con quien había compartido pabellón en Ezeiza. Además colaboraba en las cobranzas desplegando actos de intimidación y oficiaba de intermediario entre el jefe y su hermano Esteban Pascua para la compra de drogas. Asimismo, cuando compartín alojamiento en Ezeiza, se hacía cargo de ocultar en su celda los celulares que usaba Rodríguez Granthon.
Marcos de la Fuente y Luis Lallana también fueron condenados como gatilleros de la banda, éste último a partir de su relación con Mauro R. y el también condenado Nazareno Gauna. Al igual que Alexis Coronel, hermano de Gastón L. y de Marcelo C., que además disponía de armas de fuego y motos propiedad de la asociación ilícita.
En cuanto Noel Ramos, cuñado del Peruano, su principal función pasaba por tareas de mensajería y de transporte de dinero y sustancias, en vehículos suministrados directamente por Rodríguez Granthon.
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Respecto de los tiratiros, se estableció que los gatilleros respondían a Villalba y que todos los ataques a tiros fueron ordenados por el Peruano desde su celda en Ezeiza.
Cuentas previas
Además reseñaron que De la Fuente tenía una condena previa del fue condenado del 20 de junio de 2021 a la pena de 3 años de prisión condicional, Pérez tenía otra de julio de 2022 a dos años de prisión condicional.
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También Gauna acordó esta nueva pena mientras cumplía una condena por narcotráfico a seis años y siete meses dictada por un tribunal oral federal en julio de 2022. Y Pablo Pascua también estaba cumpliendo otra condena a 12 años que se unificaron en 14 años y medio.