Foto: Juan José García
El empresario Fernando Whpei fue citado este miércoles para ser formalmente imputado en dos expedientes judiciales de alto impacto. Uno por extorsión a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto, y otro por el manejo irregular de fondos de la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín, antes liderada por el sindicalista Herme “Vino Caliente” Juárez. Los casos, que involucran al juez federal Marcelo Bailaque –ya imputado aunque todavía en funciones–, revelan una trama de presiones, abuso de poder y desvío de 1.000 millones de pesos, sostiene el Ministerio Público Fiscal.
Whpei llegó en libertad poco después del mediodía, acompañado por sus abogados Emiliano Díaz y Sergio De Dossi, a los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, mientras que la audiencia comenzó a las 14.
Extorsión y vínculos con el Poder Judicial
En una de las causas, el fiscal Juan Agustín Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tiene como sospechoso a Whpei, al juez Bailaque y al ex director de la Afip de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna (ahora imputado arrepentido) de haber coordinado desde 2019 hasta 2024 una serie de maniobras para extorsionar a Iglesias y Oneto, utilizando tanto el poder judicial como el organismo recaudador.
Según la Fiscalía, buscaban dañar su reputación, presionarlos y exigirles dinero (una versión indica que la cifra fue de 160.000 dólares) a cambio de influir en las causas en su contra.
Entre el material probatorio hay videos de declaraciones de Vaudagna y otros testimonios que detallan las reuniones con Whpei, quien según el arrepentido actuaba como nexo con el juez, de acuerdo con lo aportado por fuentes del caso.
1.000 millones de la cooperativa
En paralelo, el fiscal Federico Reynares Solari investiga la causa N° 15682/2024, que tiene en la mira a Bailaque por haber dictado resoluciones ilegales para beneficiar a Whpei.
Se trata de fondos de la cooperativa portuaria de Puerto General San Martín, transferidos irregularmente a una financiera vinculada con empresario, amigo personal del magistrado, dice la acusación.
Bailaque está imputado por extorsión, prevaricato, falsedad ideológica y allanamientos ilegales, entre otros delitos. También le dictaron la prisión preventiva, que no se hizo efectiva porque los magistrados tienen inmunidad de arresto. El Consejo de la Magistratura, que desde hace meses sostiene un proceso administrativo en su contra, recién definirá su suerte dentro de cuatro semanas,