A menos de dos meses que se venzan las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei, el oficialismo busca prorrogarlas y darle ese instrumento por un año más al mandatario para seguir haciendo reformas claves para la gestión.
Las facultades delegadas a Milei fueron sancionadas como parte del proyecto de la Ley Bases. Entre los artículos que fueron ratificados y no sufrieron modificaciones en el fragor del debate en el Congreso, se encontraban las facultades delegadas de las que goza el Presidente.
El Gobierno busca que Javier Milei mantenga las facultades delegadas
Se trata de un artículo clave que el Gobierno intentó blindar a toda costa y que estuvo a punto de naufragar, pero las negociaciones que llevaron adelante varios funcionarios oficialistas —encabezados por Santiago Caputo— lograron allanar el camino y mantener ese instrumento.
Así, Milei logró tener las facultades excepcionales delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética que ansiaba para poder eludir al Congreso de la Nación.
En las negociaciones, sin embargo, la gestión Milei debió ceder y aceptar concesiones que permitieron que las facultades delegadas, que inicialmente eran en 11 materias, pasen a apenas 4: en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Otra de las cuestiones que debió aceptar para que finalmente se aprueben fue que, en lugar de dos años —como se proponía en el proyecto original— sean por un solo año, prorrogable por un año más con acuerdo del Congreso, y vence en julio de 2025
Ahora, y ante el vencimiento de ese instrumento fundamental de gestión, el oficialismo —a través de un proyecto que firman Gerardo Milman cercano a Patricia Bullrich, y la diputada de LLA, Lilia Lemoine, de máxima confianza de Milei— piden prorrogarlas por otro año.
En los fundamentos, los diputados sostienen que «no se trata de una simple prórroga administrativa ni de un automatismo legislativo. Se trata de una decisión de Estado, consciente y deliberada, enmarcada en un proceso de transformación estructural de la República Argentina, que exige coherencia, visión histórica y coraje político. La continuidad del programa de reformas emprendido por el Gobierno Nacional no puede quedar rehén del calendario ni de los intereses sectoriales que pretenden asfixiar el cambio antes de que maduren sus frutos».
Para Milman, «el presidente Javier Milei asumió un Estado devastado, con una economía en terapia intensiva, una inflación desbordada, un sistema productivo desincentivado y una sociedad empobrecida tanto en lo material como en lo moral. En ese contexto, el Congreso votó la Ley Bases como instrumento para remover las trabas que bloqueaban el despegue de la Argentina».
«A nueve meses de su sanción, los primeros resultados empiezan a emerger: inflación en descenso, superávit fiscal, estabilidad monetaria y señales de confianza que se perciben en los indicadores financieros y en la reacción de los inversores. Pero ningún proceso de estabilización estructural se completa en un año. El shock inicial fue necesario, pero ahora es indispensable consolidar las condiciones de previsibilidad, desregulación y competencia que hagan sostenible el sendero de crecimiento en el largo plazo. Para eso se requiere profundidad institucional, continuidad normativa y flexibilidad operativa», argumentan los diputados.
¿Qué son y para qué sirve la delegación de facultades legislativas?
El artículo 76 de la Constitución nacional «prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública». Establece, además, que esa delegación debe ser «con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».
Durante el período que dure la delegación en materias determinadas o por emergencia pública, el Presidente, con su firma y la del Jefe de Gabinete, puede ejercer funciones legislativas a través de decretos, siempre y cuando se cumpla con lo establecido por el Congreso en la ley de delegación, lo que se conoce como «las bases de delegación».
Los decretos de delegación legislativa tienen un control similar a los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
De hecho, están regulados por la misma ley, la 26.122, es decir, que dentro de los 10 días de dictado el decreto de delegación legislativa, el Jefe de Gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la misma que controla los DNU. Aquí sigue un criterio similar: la Comisión debe pronunciarse sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado, no a la conveniencia del decreto.
Tras emitir dictamen, debe elevarlo al plenario de cada cámara para su «expreso tratamiento». Para que el decreto pierda vigencia debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.
Si bien el año pasado la oposición intentó revocar las facultades delegadas a través de un proyecto de ley, la iniciativa no llegó a tratarse en el recinto.
Según los diputados de Unión por la Patria, el Congreso debe recuperar su rol como «núcleo de la democracia» y evitar así lo que consideraron como una «excesiva concentración de poder» en el Poder Ejecutivo, tras el escándalo por el caso de la criptomoneda $LIBRA.
Desde la oposición insistieron en que los fundamentos que justificaron la delegación de facultades cambiaron con el caso $LIBRA, por lo que el Congreso debería recuperar plenamente sus competencias legislativas. «La estabilidad institucional y el adecuado ejercicio de las facultades constitucionales así lo demandan», afirman en el texto.
Sin embargo, la iniciativa por el momento no prosperó.
Antecedentes: desde Carlos Menem hasta Alberto Fernández
En rigor, las facultades delegadas formaron parte de la práctica de los gobiernos desde la propia sanción de la Carta Magna, aunque por entonces no había ninguna mención al respecto. Recién se introdujo en la reforma de 1994 e incluyó dejar sin efecto (cosa que sucedió a la larga) las cerca de 2 mil normas que se habían dictado con esas características.
Entre ellas había algunas normas tan importantes como las privatizaciones y las desregulaciones dispuestas desde 1989 a esa fecha por el presidente Carlos Menem, denominadas en ese momento como «superpoderes», que en la práctica fueron usados por sus ministros de Economía Domingo Cavallo y Erman González.
El 6 de enero de 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que declaraba este estado en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. La norma implicó la delegación legislativa en esas materias.
Si bien, originalmente, la emergencia se extendía hasta el 10 de diciembre de 2003, la norma fue prorrogada consecutivamente durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, es decir, hasta la mitad del mandato de Mauricio Macri.
Por su parte, el expresidente Alberto Fernández promovió en diciembre de 2019 la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, donde se declaró la emergencia pública «en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social». La medida se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023.