El gobierno nacional oficializó este jueves la transferencia a la provincia de Catamarca del control total del Establecimiento Minero Capillitas, principal yacimiento de rodocrosita del país, en un movimiento que se concretó pocas horas después de que el gobernador Raúl Jalil brinde dos ayudas clave al oficialismo en el escenario legislativo. La medida se formalizó a través del Decreto 205/2025, publicado en el Boletín Oficial este jueves y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.
El traspaso a la empresa estatal provincial Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) incluye los bienes, derechos y contratos en ejecución vinculados a la explotación de la mina, ubicada en el departamento de Andalgalá. La decisión se conoció luego de que los cuatro diputados que responden a Jalil –Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega– se ausentaran en la votación de la Cámara baja que ratificó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei, clave para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otro gesto de alineamiento se produjo en el Senado, donde el legislador Guillermo Andrada, hombre de confianza de Jalil, decidió formar parte de “Convicción Federal”, un nuevo bloque conformado por cuatro senadores del peronismo federal que se desprendió del de Unión por la Patria, aunque seguirá funcionando como un interbloque del mismo.
En ese contexto, el miércoles por la tarde Jalil se reunió con Francos y Caputo. La cita formó parte de una modalidad que el Gobierno nacional viene repitiendo cada vez que en el Congreso se debaten temas relevantes: funcionarios de primera línea de la Casa Rosada se reúnen con gobernadores que ocupan un rol clave para los intereses del oficialismo. Esta vez, en paralelo al tratamiento en la Cámara de Diputados del DNU para el acuerdo con el FMI, los citados, además de Jalil, fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), a la vez que la Casa Rosada había girado días antes un importante adelanto financiero a la provincia de Chaco.
A horas de concretarse la votación en el Congreso, el Boletín Oficial publicó el decreto que transfiere a Catamarca el control absoluto de Capillitas, yacimiento que había permanecido bajo la órbita de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE) desde 1943.
La transferencia se enmarca en el proceso de reorganización de las empresas públicas dispuesto por el gobierno nacional y contempla la cesión de todos los derechos sobre los bienes muebles e inmuebles del yacimiento, junto con sus accesorios y contratos vigentes. La provincia tendrá un plazo máximo de seis meses para asumir plenamente el dominio, la administración y la dirección de la explotación minera.
La mina Capillitas es considerada uno de los principales activos mineros de la región y un emblema de Catamarca, por ser la mayor productora de rodocrosita del país. En 2013, la provincia ya había accedido a su explotación mediante un contrato de concesión firmado con FMSE, prorrogado hasta mayo de 2025. Con la nueva disposición, ese acuerdo queda rescindido y Catamarca asume la titularidad plena de la mina.
La mina Capillitas tiene una extensión de 26 pertenencias mineras y dos fracciones de terreno, que fueron integradas formalmente al Estado nacional en 1979. Desde entonces, su explotación se centró en la rodocrosita, un mineral de gran valor en la industria de la joyería y la ornamentación.
El decreto presidencial que formaliza la transferencia se sustenta en las facultades delegadas por la Ley 27.742 de emergencia pública, que habilita al Ejecutivo a transferir empresas y activos estatales a las provincias. La normativa también establece que la operación se realiza con todos los derechos y obligaciones asociados, incluyendo los contratos en curso de ejecución.
La publicación del decreto 205/2025 profundiza las especulaciones sobre un posible acuerdo del gobierno de Catamarca con la gestión de Milei. Además la decisión se alinea con la estrategia oficial de reducir la estructura del Estado nacional y reordenar el funcionamiento de sus empresas.
En tanto, con el decreto ya publicado, la medida tomada será comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como estipula la Ley 26.122, para que se pronuncie respecto de su validez o invalidez.
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