Myriam Bregman, dirigente del PTS en el Frente de Izquierda, describió detalladamente sobre el carácter ilegal y fraudulento de la deuda argentina en un contexto donde el Gobierno quiere avanzar con un nuevo acuerdo con el FMI, que saldrá por decreto.
La diputada (MC) afirmó en la red social X que “estamos al borde de una nueva estafa piramidal. Una ilegalidad no se sanea con otra ilegalidad. Saben que opino que la deuda es ilegítima, un mecanismo de dominación, pero hay que destacar que contraerla o renegociarla por DNU es especialmente una arbitrariedad atroz”.
¿Es legal que el acuerdo con el Fondo salga por decreto? Bregman detalló que “al Congreso solo le quedará aprobar o rechazar la estafa ya consumada. El procedimiento es claro, el art. 75 incs. 4° y 7°CN establece que corresponde al Congreso: 4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación (…) 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Y el art. 76 dispone que: «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…»”
¿Qué pasó durante los gobiernos anteriores? La diputada denunció que “bajo el gobierno de Menem, muy creativo para pensar las maneras de acelerar la entrega nacional, se sancionó un artículo de dudosa constitucionalidad, el art. 60 de la Ley de Administración Financiera (LAF, 1992). Ahí se estableció que las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. Se exceptuó del cumplimiento de esas disposiciones a las operaciones de crédito público que formalizare el Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que Argentina formare parte. El último párrafo de ese art. 60 constituye una delegación de facultades al PEN. Pero según la CN esa delegación caducó, porque en la reforma de 1994 se incluyó una cláusula transitoria que indica que en cinco años caducan todas las prórrogas de atribuciones de este tipo si no tienen otro plazo. Esa facultad delegada de la LAF, por lo tanto, le resulta aplicable la cláusula transitoria 8° CN. La ley 26.159 -21/08/2009- prorrogó la atribución delegada del art. 60 por un año”.
“Desde el 2010 que no está vigente. Varias veces exhumaron ese artículo ya fenecido, pero eso no quita su ilegalidad manifiesta. Por tanto, la deuda contraída por Macri y que ahora quiere ser renegociada, ampliada, quebranta la legislación vigente. Esto ya no solo lo decimos nosotros, sino que hay un dictamen de la AGN que lo afirma. “Fin”, diría el vocero. Que la jueza Capuchetti se haya sentado sobre la causa judicial que impulsamos hace años para que se investigue la estafa de esa deuda, tampoco la legitima”, agregó Bregman.
Bajo el gobierno de Alberto Fernández se sancionó en 2021 la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso que lo apruebe expresamente. La diputada Bregman destacó que “la llamada “Ley Guzmán”, más allá de lo dicho, no cuestiona una de las bases del problema que es la entrega de soberanía que rige desde la dictadura, donde el rol asignado al Congreso es el de “una escribanía” para que garantice las operaciones del capital financiero internacional que saquea nuestro país y que tiene en la prórroga de jurisdicción una gran palanca. Es decir, que nuestro futuro está en manos de tribunales extranjeros y de los intereses de esas potencias”.
“Claro está que el tratamiento en el Congreso no implica pronunciarse “por sí o por no”, sino que se conozcan y discutan todos y cada uno de los términos del acuerdo, sin secretismos. El pueblo trabajador tiene el derecho inalienable de conocer cómo lo impactará”, añadió la dirigente del PTS.
Bregman denunció “una perlita más sobre el entramado legal: en la causa iniciada por Claudio Lozano en 2018 sobre la deuda de Macri, se le plantearon estos fundamentos jurídicos al juez interviniente, Dr. Ercolini. A éste se le ocurrió una idea: la delegación de facultades del art. 60 LAF se había extendido porque fue incluida en el Digesto Jurídico aprobado en el parlamento. Pero para desgracia del magistrado, la comisión encargada del Digesto informó que éste nunca entró en vigencia, por ende, no había norma vigente que autorizara al PEN a acordar con el FMI sin ley previa. Cosas que pasan”.
“El nuevo préstamo del FMI responde a sus intereses políticos, nuestra respuesta debe ser contundente: rechazar en el Congreso y en la calle”, concluyó Bregman.
Estamos al borde de una nueva estafa piramidal. Una ilegalidad no se sanea con otra ilegalidad.
Saben que opino que la deuda es ilegítima, un mecanismo de dominación, pero hay que destacar que contraerla o renegociarla por DNU es especialmente una arbitrariedad atroz. Al Congreso…— Myriam Bregman (@myriambregman) March 7, 2025